» SIP lamenta salida forzada de Argentina de periodista por caso Nisman

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó hoy que el periodista argentino Damián Pachter abandonara su país ante el temor a sufrir represalias, luego de revelar la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Pachter, periodista del diario Buenos Aires Herald y colaborador del diario israelí Haaretz, fue el primero en dar la noticia sobre la muerte del fiscal a través de su cuenta en Twitter.

Pachter, quien también tiene nacionalidad israelí, llegó a Tel Aviv el fin de semana poco antes de declarar a medios argentinos que “mi vida corre peligro”.

“Les arruiné algo”, dijo Pachter al confirmar sus temores por los tuits que escribió sobre la muerte de Nisman.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que Pachter “buscó protegerse ante la incertidumbre e indefensión que se desprende de este caso”.

Mohme reclamó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández que investigue “si existe riesgo verdadero para el periodista” y garantice su seguridad.

La SIP hizo notar que la agencia oficial de noticias Télam difundió el itinerario de viaje del periodista que habría obtenido de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. La información fue replicada por el gobierno nacional en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Claudio Paolillo, expresó que “revelar datos personales a través de órganos estatales es un acto de irresponsabilidad e ilícito que debe ser investigado y sancionado con urgencia”.

Paolillo agregó que “este caso reviste serios agravantes, de ahí nuestra profunda preocupación, considerando que existen denuncias sobre grupos que estarían actuando al margen de la ley y la desprotección que han venido sintiendo amplios sectores de la prensa”.

Nisman, fiscal a cargo de la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), murió en circunstancias confusas en su apartamento en Buenos Aires un día antes de acudir al Congreso para informar sobre su denuncia.

Había sido convocado para ampliar y aclarar su denuncia contra la presidenta Fernández y otros funcionarios sobre el ataque a la AMIA en 1994 que costó 85 vidas y más de 300 heridos.

El fiscal acusaba a Fernández y otros funcionarios de encubrir a empleados del gobierno de Irán que habrían planificado y ejecutado el ataque contra la AMIA.