Durante este fin de semana, las 2 mil 200 unidades administrativas que integran el gobierno estatal llevan a cabo el proceso de entrega recepción que esperan concluir en esta semana, con un plazo de 90 días para hacer observaciones y tres años para investigar faltas administrativas no graves y hasta siete en el caso de conductas graves.
Para este efecto, la Secretaría de la Contraloría saliente habilitó los días 16 y 17 de septiembre para que las unidades administrativas de la dependencia pudieran intervenir y verificar los procedimientos de entrega recepción de la administración pública mexiquense al equipo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Las unidades administrativas que están actuando son la subsecretaría de control y evaluación, las direcciones generales de control y evaluación y el órgano interno de control de la dependencia, así como los órganos internos de control de las dependencias y organismos auxiliares y las personas servidoras públicas adscritas a estas áreas.
Por ley la Secretaría de la Contraloría es la dependencia responsable de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y su sector y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México prevé su intervención en las actas de entrega recepción.
En la entrega cada una de las personas responsables de las unidades administrativas debe entregar los libros contables, relación de obras terminadas y en proceso, contratos pendientes o concluidos, litigios laborales, documento que ampare las propiedades, maquinaria, oficinas, mobiliario, inmuebles, cuentas bancarias, estados financieros en cada una de las áreas del Poder Ejecutivo.
90 días para hacer observaciones
La presidenta de la comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), Evelyn Osornio, informó que legalmente el nuevo gobierno tiene 90 días hábiles para hacer observaciones a la entrega de la administración.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades del Estado de México la entrega del área a su cargo o el dejar un cargo no exime a nadie de posibles sanciones administrativas cometidas durante su gestión.
Tratándose de faltas no graves el periodo de prescripción de la falta es de tres años y de siete cuando son graves y encuadran en cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual, actuar bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
El plazo para la prescripción empieza a contar a partir de que se cometió la violación o se dejó de hacerlo, pero una vez formalizada la denuncia e investigación la caducidad se interrumpe.
Las sanciones para faltas administrativas no graves son: amonestación pública o privada, suspensión del empleo cargo o comisión sin goce de sueldo por un periodo de uno a 30 días, destitución, inhabilitación temporal de 3 meses a un año. En tanto, por faltas graves es: suspensión de 30 a 90 días, destitución, sanción económica, inhabilitación de tres meses a un año, además de las posibles sanciones de carácter penal que señalan cárcel.
(milenio.com)
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