
A punto de los golpes entre legisladores del PRI y del PT, la Cámara de Diputados aprobó tras casi once horas de ríspido debate la nueva Ley de la Guardia Nacional para trasladar dicha corporación de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa, además de darle atribuciones para realizar tareas de investigación e inteligencia, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas.
Avalado en lo general con 349 votos a favor y 132 en contra, el proyecto fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación en el actual periodo extraordinario de sesiones.
Casi al finalizar la sesión, los legisladores del PRI exhibieron una lona con las imágenes de Gonzalo y Andrés, hijos del ex presidente López Obrador, además de la del vocero de la bancada morenista Arturo Ávila, selladas con las palabras “Se busca” y debajo de la frase “Cártel de Morena”.
El priista Carlos Gutiérrez Mancilla y otros legisladores de su bancada se dirigieron con todo y manta frente a las curules del PT, lo que generó empujones, manotazos y hasta un conato de bronca, mientras el diputado presidente, Sergio Gutiérrez Luna, alzaba la voz para exigir orden.
Los diputados del PRI volvieron a sus lugares y la sesión pudo transcurrir hasta el final.
Previamente, desde la tribuna, el coordinador petista, Reginaldo Sandoval, descalificó a la panista Margarita Zavala, refiriéndose a ella como la esposa de Felipe Calderón y culpando al ex presidente de la violencia e inseguridad actual en el país.
Por ello, los representantes del PAN lanzaron la consigna “¡violentador, violentador!” al líder parlamentario del PT, a quien después otros diputados panistas como José Elías Lixa y Federico Döring calificaron de cobarde y poco hombre.
Oposición acusa militarización
Durante el debate, las bancadas de la oposición denunciaron la militarización de la seguridad pública y alertaron sobre las nuevas facultades de la Guardia Nacional en materia de espionaje, mientras Morena y sus aliados sostuvieron que la corporación mantiene su carácter civil.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, puntualizó:
“Las funciones que establece la nueva Ley de la Guardia Nacional son de carácter eminentemente civil, ya que tienen por objeto ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública, elaborada por la Secretaría de Seguridad y aprobada por el Senado de la República, es decir, obedece a una estrategia y mando de carácter civil encabezado por nuestra Presidenta de la República”, puntualizó el morenista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, al fundamentar el dictamen.
No obstante, en representación del PAN, el diputado Guillermo Anaya calificó el nuevo ordenamiento como ‘ley espía’ y señaló que la seguridad pública no se construye desde los cuarteles militares, sino con policías de proximidad y con rostro humano.
“Reiteramos desde hoy que la seguridad y la inteligencia no va a pasar la ley espía, porque vamos a defender la integridad de los ciudadanos para que no sean vigilados desde sus teléfonos celulares y con un GPS para la normalización de la militarización de nuestro país”, arengó.
El legislador petista, Ricardo Mejía, advirtió que, para el PRI y el PAN, el modelo ideal de seguridad se llama García Luna, basado en la corrupción, los montajes y los acuerdos en lo oscurito con el crimen organizado.
“Se rasgan las vestiduras por la Guardia Nacional, pero en privado piden soldados para cuidar sus oficinas. Desprecian al Ejército en el Congreso, pero imploran su presencia en los estados. Cuando no gobiernan, gritan ¡militarización!, pero, cuando gobiernan suplican intervención. Hipocresía pura. Critican a la Guardia Nacional de día y le suplican de noche que les cuiden sus municipios y en sus estados”, puntualizó.
Al comienzo de la discusión, la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva para frenar el debate y devolver a comisiones el dictamen, a fin de discutirlo en parlamento abierto, pero la mayoría de Morena y aliados desecharon el recurso.
“Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país es ya es otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos. Además, esta iniciativa otorga a la Guardia Nacional nuevas y peligrosas facultades como operaciones encubiertas, vigilancia masiva en internet, usuarios simulados, labores de inteligencia previa”, remarcó.
En la discusión en lo particular, el pleno admitió tres reservas presentadas, respectivamente, por legisladores de Morena, PVEM y PT.
Con la primera propuesta de modificación, de la morenista Jessica Saiden, se eliminó el requisito de ser general de división para ocupar el mando de la Guardia Nacional, abriendo la posibilidad de ser ejercido por personal militar con experiencia suficiente en seguridad pública, además de crear la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la corporación.
A propuesta del legislador verde, Raúl Bolaños, se estableció como responsabilidad de la Guardia Nacional coadyuvar y coordinarse con las autoridades ambientales para proteger bosques, selvas y áreas naturales, mientras la petista Martha Cruz planteó una reserva para para garantizar que la educación del personal de la institución tenga un enfoque de derechos humanos.
¿Qué implica la nueva Ley de Guardia Nacional?
La Ley de la Guardia Nacional establece entre las atribuciones de la corporación realizar tareas de investigación e inteligencia para la prevención de los delitos; llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, así como intervenir comunicaciones privadas.
“La Guardia Nacional podrá solicitar ante la autoridad jurisdiccional la intervención de comunicaciones. La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud de la persona titular de la comandancia o de la jefatura general de coordinación policial, cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos”, señala.
La corporación se encargará también de salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, además de prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, centros de supervisión y control migratorio, carreteras federales, vías férreas, aeropuertos y espacio aéreo.
Por lo que hace al mando de la institución, el ordenamiento prevé que “la persona titular de la comandancia debe ostentar la jerarquía de general de división de Guardia Nacional y será nombrada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
La corporación participará con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios en operaciones coordinadas para preservar la paz social y la seguridad de la población y, por conducto del secretario de la Defensa, podrá celebrar convenios de colaboración con las autoridades locales para la realización de acciones continuas en materia de seguridad pública, por un tiempo determinado.
(milenio.com)