México y su gobierno recibieron ayer dos golpes nada diplomáticos de parte de la administración de Donald Trump, lo que pone en duda la supuesta “buena relación’’ entre ambos países.
El Departamento del Tesoro anunció sanciones para tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por ser sospechosas de lavado de dinero.
Las tres instituciones mexicanas rechazaron las acusaciones, pero en los documentos presentados por las autoridades estadounidenses acusan por blanqueo de recursos por 186 millones de dólares.
El asunto cobró relevancia porque Vector Casa de Bolsa fue creada por Alfonso Romo, empresario regiomontano que en el sexenio figuró como enlace entre el sector empresarial y la administración de López Obrador.
Las acusaciones del Departamento del Tesoro establecen que Vector administró por lo menos 40 millones de dólares pertenecientes a empresas de Genaro García Luna, cuyos recursos pudieron ser resultado de sobornos de los cárteles de la droga.
La Secretaría de Hacienda, en un comunicado, reconoció que no existen datos en México que comprueben las acusaciones del Departamento del Tesoro.
Explicó que se han hecho revisiones conforme a la normatividad nacional y que se han encontrado algunas deficiencias administrativas, que ya fueron corregidas, pero que no tiene mayor información.
El otro tema fue la declaración de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que colocó a México en la lista de “adversarios extranjeros’’ de su país, junto a Irán, Rusia y China.
Bondi incluyó a nuestro país en esa lista porque, dijo, por la frontera con México sigue entrando fentanilo a pesar de que el propio gobierno estadounidense reconoció, hace unas semanas, la caída récord del contrabando de esa sustancia gracias al endurecimiento de las medidas de seguridad tomadas por ambos países.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no había reaccionado a esta declaración hasta el cierre de este espacio.
Pero el uno-dos propinado por el gobierno de Trump al mexicano, pone en evidencia la fragilidad de una relación que no ha sido, no es y parece que no será recíproca.
¿Es tiempo de descongelar la cabeza?
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Sorprendió ayer que el PAN aprobara -junto con el MC, Morena, PT y Verde-, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a pesar de las advertencias previas sobre el alcance metaconstitucional de dicha ley.
El único partido que sostuvo su voto en contra fue el PRI, pues acusó que con esta ley el gobierno tendría manos libres, sin contrapesos, para espiar a cualquier ciudadano que le parezca incómodo al régimen.
La bancada tricolor aseguró que con dicha ley, el gobierno, a través de las distintas corporaciones policiacas, militares, de inteligencia, las fiscalías estatales y la Federal, tendrán acceso “irrestricto’’ a bases de datos públicas y privadas con el pretexto de la persecución de un probable delito.
El PAN precisó, posteriormente, que había avalado la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública pero que rechazaba la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia porque “se legaliza un sistema de vigilancia masiva y permanente, con acceso irrestricto a datos biométricos, fiscales, médicos, financieros y de telecomunicaciones’’.
Además de que se normaliza el uso de inteligencia artificial para vigilar ciudadanos y se permite la participación de gobiernos y empresas extranjeras sin regulación.
Ni hablar.
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Doce masacres registra Irapuato en lo que va del año; la última dejó 12 muertos como saldo.
Y eso que en el municipio está una base militar.
Lo lamentable es que se vayan normalizando esas matanzas que parecen no importarle ni a la gobernadora Libia Dennise García.
@adriantrejo
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