Un Tribunal Federal rechazó amparar a Juan Carlos Tapia Vargas, dueño de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), quien pretendía echar abajo la resolución de un juez, que ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con la investigación iniciada en su contra por el probable delito de defraudación fiscal equiparada.
Por unanimidad de votos, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México rechazó amparar al empresario que impugnó la determinación de Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, quien, en audiencia de 10 de junio de 2024, revocó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal.
¿De qué acusan al dueño de Citapia?
En la sentencia, se menciona que el director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció ante la FGR el probable delito contra el empresario, ya que en su carácter de administrador único, durante el ejercicio fiscal de 2017, obtuvo en sus cuentas bancarias depósitos por 6 mil 690 millones 779 mil 634 pesos.
Sin embargo, en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta declaró haber obtenido mil 275 millones 626 mil 649 pesos, por lo que no declaró cinco mil 211 millones 52 mil 721 pesos, causando un presunto perjuicio al fisco federal.
El 15 de abril de 2024, la agente del Ministerio Federal, de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y autorizada por el Fiscal Especial de la citada fiscalía el 6 de mayo del mismo año, propuso el no ejercicio de la acción penal.
Lo anterior, por actualizarse una causa de sobreseimiento a favor de las personas investigadas dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-HGO/0001067/2023.
La agente del Ministerio Público argumentó que únicamente obra el dato de prueba consistente en copia certificada de una escritura pública de 12 de agosto de 2014, en la que se acordó la renuncia de Fabiola Tapia Vargas, como administradora única de la empresa, y se designó a su hermano con ese carácter.
“Dato de prueba con el que no se puede atribuir responsabilidad penal por los hechos con apariencia de delito de defraudación fiscal equiparada, por la sola circunstancia de ocupar el cargo referido”, mencionó.
La agente estimó actualizada la causal de sobreseimiento porque, pese a que era la hermana quien contaba con el instrumento idóneo para presentar la declaración fiscal de 9 de mayo de 2018, esto es, la firma electrónica avanzada (con vigencia hasta el 30 de julio de 2018), también obra una acta de defunción en donde se señala que falleció en octubre de 2014.
Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su carácter de ofendida, interpuso un recurso ante el juez de control, alegando la falta de exhaustividad y objetividad por parte de la FGR, al afirmar que el denunciado no es probable responsable.
La autoridad hacendaria subrayó que no se agotaron todas las líneas de investigación para demostrar quién participó, por lo que solicitó se revocara la determinación impugnada.
Relación con caso Odebrecht
Es de mencionar que, la finada Fabiola Tapia fue mencionada en la denuncia que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó en la FGR contra legisladores federales que supuestamente recibieron sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, recursos que provenían de pago de favores a Odebrecht.
Lozoya Austin aseguró que la mujer fue testigo del envío de diversas cantidades de dinero para sobornar a los legisladores, recursos que supuestamente eran llevados por personal que laboraba con ella y que eran entregados a José Velasco Herrera, jefe de ayudantes del ex director de Pemex, quien también ya falleció.
En 2022, la FGR liberó la entrevista que le realizó al empresario Juan Carlos Tapia, en la que rechazó haber realizado tratos ilegales con Emilio Lozoya y con la constructora Odebrecht.
El empresario reconoció que su compañía firmó dos subcontratos con Odebrecht, uno de los cuales fue por 296 millones 782 mil 480 pesos, para llevar a cabo obras en la refinería de Tula, Hidalgo. Sin embargo, dijo que solo se ejecutaron trabajos por 27 millones de pesos y que Odebrecht les adeudaba seis millones de pesos.
(milenio.com)
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