La reapertura de la denuncia en contra de los actuales consejeros electorales Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala y de tres exconsejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz tiene una paternidad visible, según se cuenta en San Lázaro.
Como sabe, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, decidió resucitar un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los personajes arriba citados, quienes votaron por detener la consulta de revocación de mandato de López Obrador…¡en el 2021!
Carvente fue avalado por la Cámara de Diputados como titular del OIC del INE, en votación unánime, a propuesta de Ricardo Monreal y del entonces presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna.
El caso había sido archivado porque la causa del voto en contra de realizar la consulta de revocación estaba perfectamente documentada: el recorte del presupuesto al INE, tal y como avaló la Corte en su momento.
Se presume que, por órdenes de sus promoventes, Carvente quiso dar un “golpe de autoridad’’ a los tres consejeros actuales que forman parte del grupo disidente al interior del INE, pero su decisión fue un monumental error de cálculo político.
El titular del OIC del INE actúa como operador político del zacatecano y no cómo el auditor que debería ser.
Tal fue el descontento que generó acción, que el propio Monreal, declaró ayer que pediría a Gutiérrez Luna, que fue quien presentó la demanda en contra de los consejeros, “que se desistiera’’ porque no era su interés “afectar a un consejero o ex consejero electoral’’.
El actuar de Carvente no solo fue una pésima estrategia, como ya se vió incluso entre los morenistas, sino que además contribuye a la narrativa de que el INE está siendo víctima de un complot interno, de cara la tan anunciada reforma electoral “del bienestar’’.
Y aunque se ha criticado a la presidencia del INE, encabezada por Guadalupe Taddei, como presunta responsable de la reactivación de este caso, el OIC es autónomo y responde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Así que nada que ver.
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La semana pasada se anunció que el paso del senador Néstor Camarillo del PRI al MC, “se cambiaba la proporcionalidad’’ en la Cámara alta por lo que le fue quitada al tricolor la presidencia de la Comisión de Marina.
Esta fue entregada al senador jaliscience Carlos Lomelí, que fue delegado del Bienestar (superdelegado) con López Obrador y que ha sido acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en dos ocasiones, de nexos con la delincuencia organizada.
La primera vez fue en el 2008 cuando su empresa Lomedic fue ligada al cártel de los Amezcua; las autoridades estadounidenses sostuvieron, entonces, que el negocio servía de fachada para blanquear capitales.
Cuatro años después, Lomedic fue borrada de la lista de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro.
La segunda vez que fue vinculado, esta vez al cartel de Raúl Flores Hernández, ocurrió en agosto del 2017, cuando se le relacionó con una red de lavado a través de “Servicios Educativos y de Negocios S. de R.L. de C.V.’’.
Estos detalles vienen a cuento porque Lomelí tendría que ser el responsable de llamar a cuentas al actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, para que explicará cómo es que su antecesor no supo de la red criminal que tejieron sus parientes políticos.
Lomelí dijo que lo invitarían “a un diálogo, más que a una comparecencia’’, lo que en lugar de beneficiar a Morena, lo sigue salpicando de sospechas.
@adriantrejo
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