Muy a su pesar, el pastor de los senadores de Morena, Adán Augusto López, tuvo que aceptar la realización de un “conversatorio’’ antes de aplicar la aplanadora legislativa para aprobar las reformas a la Ley de Amparo propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El tabasqueño se había negado a realizar consultas en un parlamento abierto, como había pedido Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y quería que la iniciativa presidencial fuera discutida (es un decir) y aprobada la próxima semana.
Las prisas del cuestionado senador, sin embargo, tuvieron un freno (igual ya sabemos que los conversatorios, parlamentos, foros o como quiera llamarle sirven para maldita la cosa) por lo menos para lavar la cara a Morena por el adefesio jurídico que están por aprobar.
Y es que, luego de los análisis de especialistas (constitucionalistas, especialistas en amparo) la conclusión es que la propuesta presidencial acota al mínimo ese derecho que tiene el ciudadano para defenderse de los abusos de autoridad de cualquier orden de gobierno.
La propuesta no acerca “la justicia al pueblo’’, por el contrario, dificulta la defensa de los derechos de los ciudadanos, afecta con mayor fuerza a quienes cuentan con menos recursos, blinda actos autoritarios y fomenta la impunidad.
La iniciativa presidencial establece más requisitos para obtener protección de un amparo, incluye más obstáculos para detener actos injustos, genera impunidad para la autoridad responsable (ya no se sancionará al servidor público responsable sino a la institución para la que trabaja) y ofrece menos oportunidades de defensa para la ciudadanía.
La reforma endurece los requisitos para conceder suspensión: ahora se debe probar la apariencia de buen derecho, un interés suspensional específico y que no haya daño a la sociedad.
Además, amplía los casos en que no procede, como bloqueos financieros, obtención de información, permisos y concesiones, prisión preventiva oficiosa, así como actos en telecomunicaciones y competencia.
Un solo ejemplo: Si resulta imputado con prisión preventiva oficiosa no podrá obtener suspensión para recuperar tu libertad, aunque haya irregularidades en el proceso.
Es tal el riesgo que corre este derecho ciudadano, que sería deseable que por esta vez, al menos, el gobierno escuchara la voz de los expertos.
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En los corrillos políticos no se pone en duda la decisión del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, de llevar a la dependencia a buen puerto ante el escándalo del huachicol fiscal, sin duda el mayor desafío en la historia de la Marina Armada de México.
El almirante es respetado en la dependencia y se ha dado a la tarea de recuperar el prestigio de la institución y dignificar su nombre.
Morales Ángeles viene de una familia de militares; su hermano es general de División y su hija teniente de Corbeta.
Es cierto que la Marina vive una crisis producto del involucramiento de dos mandos en una de las estafas más grandes para el país, pero la hoja de servicio del actual secretario permite esperar que no haya encubrimientos y que sortee la tempestad.
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A ver, ¿cómo está eso de que en la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores, y otros sistemas o dispositivos análogos, que enviará la Consejería Jurídica de la Presidencia a los diputados se esconde una trampa?
Los enterados dicen que el texto del artículo 282 de dicha iniciativa está redactado de tal forma que se deja fuera la prohibición a los dispositivos IQOS que comercializa Philip Morris.
¿A poco le estarán dejando un monopolio del tamaño del país a esa empresa?
Eso no pasa en México, ¿verdad?
@adriantrejo
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