La oposición en el Senado encendió las luces de alarma ante la advertencia de que Morena y sus rémoras buscarán aprobar esta semana la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
A pesar de los “conversatorios’’ en la que todos los expertos en la materia han señalado que se trata de una medida regresiva que deja indefenso al ciudadano ante los probables abusos de poder, Morena parece dispuesto a pasar sin discusión en Comisiones el dictamen para después llevarlo al pleno.
No hemos escuchado alguna reflexión de un senador morenista sobre la iniciativa, más allá de las frases trilladas que como mantras se repiten desde el Palacio Nacional.
La reforma elimina los amparos colectivos al obligar al demandante demostrar en lo particular el “interés legítimo’’ que tiene en contra de una decisión de gobierno.
No se trata de una actualización a la ley, sino de “un blindaje del gobierno en contra del ciudadano’’, como sintetizó ayer el senador priista Alejandro Moreno.
Si la modificación se concretara, el juicio de amparo sería costosísimo y sólo quienes tuvieran suficientes recursos podrían pagarlo; no beneficiaría al pueblo bueno y sabio, sino todo lo contrario.
¿Cómo estará el problema que hasta el propio Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, fue quien solicitó la realización de un parlamento abierto para analizar modificaciones que consideró delicadas y solo pudo obtener un par de audiencias públicas?
Lo peor es que la ciudadanía no parece entender la gravedad del tema; lo hará hasta que tenga que recurrir a un amparo y no pueda conseguirlo.
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La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al empresario Ricardo Salinas de pretender politizar sus litigios en contra del SAT por una deuda que él considera inflada.
Lo curioso es que, la misma mandataria, anunció que la semana próxima se reunirá con los acreedores de Salinas, quienes, informó, le pidieron una audiencia para tratar el presunto adeudo del empresario con ellos.
Y les dijo que sí.
Dos temas aquí.
La Presidenta se reunirá con los presuntos acreedores, acusados por el CEO de Grupo Salinas de ser parte de lo que se conoce como “fondos buitre’’ y quienes han rechazado las propuestas de refinanciamiento de la deuda.
El segundo tema es que, con esta reunión, la Presidenta hace más política que mediación porque si su interés fuera que se resolviera el conflicto, citaría a ambas partes.
Pero no lo hará, solo recibirá a los acreedores que han demandado al gobierno de México como responsable de la deuda en el marco del T-MEC.
Si lo que se quiere es la solución del diferendo, lo recomendable sería que, efectivamente, se reunirán ambas partes con la mediación gubernamental, no necesariamente de la Presidenta.
¿Eso es o no hacer política?
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El fin de semana pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de gira por Chihuahua y sorprendió a varios el reconocimiento público que hizo a la labor del alcalde de la capital, Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
Obviamente, el reconocimiento cayó como piedra en la cabeza al grupo que apoya las aspiraciones de la senadora Andrea Chávez, quien días antes de la gira presidencial se afanó en postear fotos y mensajes “de alegría’’ por la visita de Sheinbaum a la entidad.
Coincidencia o no, ayer se publicaron los resultados de una encuesta de la empresa GOBERNARTE que coloca en primer lugar en la carrera por la candidatura al gobierno estatal a Pérez Cuéllar, por encima de Chávez, que ha gastado una millonada en su pre- pre-precampaña.
¿Será una señal del más acá?
@adriantrejo
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