El PAN le puso un buen “torito’’ al INE, que deberá demostrar su imparcialidad en este tema.
Sucede que los diputados federales del blanquiazul interpusieron una queja (o denuncia) en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum por violaciones a la Constitución y a la legislación electoral.
Los panistas acusan que la mandataria “violó la Constitución con actos de propaganda disfrazados de informe de gobierno’’ con los cuales recorrió 20 estados de la República y concluirán, el domingo próximo, con un evento similar en el Zócalo capitalino.
Con su gira informativa, Sheinbaum rebasó el periodo legal permitido para la propaganda, que establece que se podrá hacer publicidad 7 días antes del informe presidencial y cinco días después.
La queja fue presentada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que encabeza Mario Velázquez Miranda, quien deberá resolver en breve si la denuncia tiene sustancia o no y, desde luego, establecer una sanción si se determina que, efectivamente, la mandataria violó la legislación electoral.
Justo cuando la guadaña de la reforma electoral se acerca al organismo electoral, le cae ese asuntito.
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No se vaya con la finta.
Ese asunto de incluir de última hora en el dictamen de la reforma a la Ley de Amparo la determinación de que dicha ley fuera retroactiva, es pura distracción.
Por más ignorantes que pudieran haber sido los senadores de Morena, el Verde y el PT, más de uno sabía que la determinación es contraria a un principio básico de la Constitución: ninguna ley puede ser retroactiva.
Ninguna.
Pero sucede, como en casi todos los casos de aprobación de reformas polémicas, que siempre se incluye un “buscapies’’ para jalar la atención de medios y sociedad, a fin de que no se cuestionen las reformas de fondo y su impacto negativo en lo general.
Ese asunto será borrado en San Lázaro; no se distraiga, el problema de la reforma aprobada no es ese, sino el hecho irrefutable de que el amparo ha sido reducido a su mínima expresión como defensa del ciudadano ante los abusos del poder gubernamental.
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¿Cómo está eso de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no pude demostrar que los terrenos expropiados a la mamá de Alejandro Moreno y un cercano colaborador fueron adquiridos mediante lavado de dinero o corrupción?
Así lo afirmó ella misma durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
Como no se puede demostrar lo anterior, según dejó entrever, en lugar de aplicar la extensión de dominio decidió la expropiación, lo que refuerza la narrativa del dirigente priista de que se trata de una persecución política antes de un acto de justicia.
Y luego decía López Obrador que “lo suyo no era la venganza’’.
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Parece que las autoridades de la CDMX claudicaron, hace años, en su deber de proteger a los ciudadanos y sus propiedades.
Una vez más, como cada año (o cada manifestación), grupos de porros pintarrajearon, saquearon, incendiaron negocios ante la mirada perdida de policías capitalinos que tienen órdenes de “no provocar’’ un enfrentamiento.
Aunque los provocadores son otros, los policías ni siquiera sirven de contención, son mirones de palo más preocupados por pasar desapercibidos que dispuestos a defender a los ciudadanos y sus propiedades.
¿El gobierno pagará todos los daños que sufrieron negocios de todo tipo en la marcha de ayer? ¿Prefiere gastar qué hacer cumplir la ley?
Qué bueno que las fechas del Mundial de Fútbol no empatan con ninguna conmemoración de un hecho histórico.
Si no, imagínese.
@adriantrejo
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