Morena y sus aliados aprobaron la reforma a la Ley de Aduanas sin que se estableciera responsabilidad en los eventuales delitos de contrabando o corrupción a los funcionarios aduanales.
Si no es, sí parece una ley preventiva para exculpar (esperemos que a futuro) a funcionarios involucrados en el huachicol fiscal y en el contrabando de autos usados, como quedó al descubierto recientemente.
Los diputados de Morena, del PT y el Verde seguro solo siguieron las instrucciones de Palacio Nacional, pero sin reflexionar en el daño que le causan a la credibilidad de la Presidenta.
¿Quién redactó esa iniciativa con la que, supuestamente, se pone orden en las Aduanas pero sin corresponsabilizar a las autoridades y dejando la carga de la culpa en los agentes aduanales?
No hubo una explicación oficial del por qué la mayoría en San Lázaro aprobó esta reforma la Ley Aduanera bautizada ya como la “ley de protección al huachicol fiscal’’, solo los mantras que se repiten como “el combate a la corrupción’’, “orden’’, “la ley no había sido modificada’’, etcétera.
Y aunque falta que dicha ley sea aprobada por el Senado, no se ve cómo se pueda reparar el daño a pesar de que está claramente definido que las modificaciones que se hicieron incrementan las responsabilidades de los agentes aduanales en los eventuales delitos de huachicol y contrabando, o los que se le ocurran.
El PAN denunció en tribuna que solo 8 de los 880 agentes aduanales que operan en el país, solo 8 (1%) ha sido sancionado por el tema del huachicol fiscal y que, según la Secretaría de Hacienda, existen 102 querellas por 16,000 millones de pesos en contra de agentes, lo que representa menos del 1% de los 600,000 millones de pesos de daño al erario cometido por la red de huachicoleo fiscal.
¿De verdad, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su visto bueno para aprobar esta reforma o se vio obligada a hacerlo?
Solo es una pregunta.
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El senador Alejandro Moreno, se lanzó a la yugular de la empresa encuestadora Enkoll y de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
A la encuestadora, propiedad del empresario libanés Ricardo Julián Yaffar Gabriel, la acusó de publicar encuestas a modo a favor de Sheinbaum, gracias a múltiples contratos que le ha otorgado el gobierno de la 4T.
Entre las dependencias que le han concedido contratos por 25.6 millones de pesos se encuentran la Lotería Nacional, Secretaría de Salud, Comunicaciones, Fonatur, SEMAR, IMSS, Secretaría de Gobernación, Bancomext y Notimex.
En el caso de Campeche, Moreno presentó un listado de propiedades compradas por la actual gobernadora que suman en total 1 millón 435,020 metros cuadrados de los cuales ella posee el 50%, es decir, 717,510 metros cuadrados.
Lo interesante, según la información expuesta por Moreno, es que los terrenos fueron comprados a un peso el metro cuadrado sin que se conozcan sus ubicaciones pues no están contenidas en sus declaraciones de 3 de 3.
Se llevan pesado.
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Algo se está pudriendo en el otrora poderoso Grupo Tabasco.
Ayer, renunció al cargo de secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Julián Romero Oropeza, hermano del otrora poderoso director de Pemex y hoy director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.
Algo se rompió en la familia cuatrotera.
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La División Motos de Grupo Salinas, anunció como su nuevo director a Dirk Biehler, que “nada más’’ tiene tres décadas de experiencia en BMW Group del que fue líder de operaciones en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Un peso pesado, pues.
@adriantrejo
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