Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas en materia de amparo propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre las abstenciones destaca la de la legisladora morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, que en el debate en comisiones alertó sobre “excesos” del proyecto, además de los petistas Miriam Durán y Javier Vázquez.
Diputados de los diversos grupos parlamentarios presentaron 307 reservas a diversos artículos para su discusión en lo particular, pero Morena y sus aliados perfilan admitir y avalar solo tres.
Entre las propuestas de modificación impulsadas por la mayoría parlamentaria sobresale una nueva redacción para el artículo tercero transitorio, suscrita por Hugo Eric Flores, de Morena, para matizar la no retroactividad de la reforma.
“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, plantea.
El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y Ricardo Mejía, del PT, inscribieron a su vez otra propuesta para evitar el otorgamiento de suspensión provisional contra la negativa de la autoridad a conceder permisos, autorizaciones o concesiones, cuando éstas hayan sido negadas, pero mantiene la posibilidad de impugnar la revocación de los mismos.
A su vez, la morenista Mariana Benítez someterá a consideración del pleno un cambio para suprimir la fracción V del artículo 128, en la cual se prevé que “la suspensión se tramitará a petición de la persona quejosa en todas las materias, salvo que, de ejecutarse el acto, se puedan causar daños de difícil reparación”.
Mociones y debate
Al comienzo del debate, los legisladores Germán Martínez, del PAN; Alejandro Domínguez, del PRI, así como Laura Ballesteros y Gustavo de Hoyos, de MC, presentaron sendas mociones suspensivas para frenar el proyecto y devolverlo a comisiones, pero la mayoría de Morena y aliados desecharon los recursos y decidieron continuar con la discusión.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Julio César Moreno sostuvo, sin embargo, que la reforma busca devolver al amparo su sentido original para proteger los derechos, no blindar los abusos.
“Fue concebido como el escudo de las y los ciudadanos frente al abuso de autoridad, pero con el paso del tiempo algunos sectores lo distorsionaron para convertirlo en una herramienta de evasión o de privilegio. Durante años vimos cómo se usaba el amparo para dilatar la justicia, frenar políticas públicas, evadir responsabilidades fiscales o proteger intereses contrarios al bien común”, puntualizó.
Enarbolando mantas con las consignas “Salvemos el amparo. No a la dictadura” y “Del amparo al desamparo”, la bancada priista encabezada por Rubén Moreira anticipó su voto contra las reformas, al advertir que la propuesta viene desde el poder y busca llenar las cárceles con inocentes.
“De ahí viene la reforma, de la amargura de un expresidente. Proviene de la intolerancia, porque proviene la reforma del odio por haberle cuestionado sus obras faraónicas. Votaremos en contra porque es un paso más a la dictadura, a la destrucción del estado de derecho y libertades, esas que tanto odia ahora el poder. Están demoliendo la democracia mexicana, el sistema de contrapesos y la defensa de los individuos y las colectividades”, arengó.
Las reformas a discusión actualizan el concepto de “interés legítimo” como condición para interponer el juicio de amparo, estableciendo que la norma, acto u omisión reclamado “deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético”.
Panistas, priistas y emecistas advirtieron que dicha modificación restringirá el derecho de organizaciones a interponer recursos en materias como la protección del medio ambiente frente a actos de autoridad.
Se amplían asimismo los requisitos para otorgar las suspensiones provisionales y se prevé la improcedencia de éstas para “descongelar” cuentas bancarias, en caso de que ello permita la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios para favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en “lavado” de dinero.
Señala que, en los juicios de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de normas, “en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales”.
El dictamen incluye una reforma al Código Fiscal de la Federación para establecer la improcedencia del recurso de revocación contra actos administrativos orientados a exigir el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de la autoridad.
¿De qué se trata la reforma a la Ley de Amparo?
El 15 de septiembre, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La federación sostuvo que esta reforma busca mejorar y perfeccionar el juicio de amparo, para que vuelva más ágil, sencillo y de pronta tramitación, más social y accesible a la población.
Asimismo, consolidarlo como el recurso para la defensa efectiva de los derechos humanos, así como medio de control legal y constitucional.
(milenio.com)
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