Parece ser que los senadores de Morena corregirán la plana a sus diputados, que en su afán de homologar las penas por extorsión, acabaron beneficiando a quienes ya están presos por la comisión de ese delito.
Esa es una de las modificaciones que Morena está discutiendo al interior de su bancada.
Y es que los diputados guindas, seguidos por sus rémoras del Verde y el PT, aprobaron en la Ley General para combatir la Extorsión, una reducción de penas de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Por extorsión simple, de 6 a 15 años de prisión; por extorsión agravada, es decir, en donde se utiliza violencia física o psicológica, las penas serán de entre 9 y 25 años.
El tema es que, por ejemplo, en el Estado de México, los jueces han condenado a extorsionadores violentos hasta a 45 años de prisión.
Si se aprobara esta ley como fue enviada por los diputados, cientos (o quizá miles) de extorsionadores sentenciados a penas mayores que las establecidas en San Lázaro podrían salir en libertad al día siguiente de la entrada en vigor de esta ley.
Otro asunto que se discute es la reducción de las penas para los funcionarios que, enterados de casos de extorsión, no denuncien el delito.
La iniciativa planteaba, originalmente, penas que irían de los 10 a los 20 años de prisión pero en el último momento, los diputados morenistas redujeron el castigo para dejarlo de 6 a 12 años de prisión.
Obviamente, está decisión generó las críticas de la oposición y de un sector de la sociedad que vio en la maniobra una protección para funcionarios corruptos, toda vez que la extorsión, dicho por el propio Omar García Harfuch, es el cáncer de la sociedad mexicana.
Lo que sí hicieron los diputados y que parecería que no debería ser motivo de debate, es negar la libertad anticipada, la preliberación, sustitución o conmutación de pena para quienes sean condenados por extorsión, por más que algunas voces traten de rechazar la decisión alegando “respeto a los derechos humanos’’ de los delincuentes.
Morena puede enderezar esa ley, si quiere y si no recibe una orden en contra.
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Ahora son los productores de caña de azúcar quienes demandan un subsidio del gobierno ante la caída de los precios internacionales del producto.
En el gobierno ya sabían que venía esta protesta y horas antes de que se instalaran frente al edificio de la Secretaría de Agricultura, anunció el incremento de los aranceles a la importación de azúcar, de acuerdo a la siguiente tabla:
Azúcar líquida refinada y azúcar invertido, 210.44%; azúcares de caña, 156%; de remolacha, 156%; con adición de aromatizante o colorante, 156%; con un contenido de azúcar superior o igual al 90% en peso, 156%; jarabes aromatizados o con adición de colorantes, 156%; todo los demás, 156 por ciento.
El incremento de los aranceles, sin embargo, no satisfizo a los productores, que reclaman un subsidio de 300 pesos por tonelada de caña cosechada y que se cierre la frontera a la importación de azúcar.
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Por aquello de “no te entumas’’, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció el despliegue de 10 nuevos Centros Estratégicos de Seguridad y Atención Territorial (CESAT) para cerrar el año con 15 centros operativos en todo el estado.
Además, entregó más de 110 millones de pesos del Programa para el Mejoramiento y Equipamiento de la Vivienda de las Familias de los elementos de seguridad, con el objetivo de dignificar la labor policial.
Lo que pasó en Michoacán fue una advertencia para los gobernadores de todo el país.
El horno no está para bollos, pues.
@adriantrejo
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