El gobierno sumará una causa más a las protestas de los productores del campo: la inminente aprobación de la Nueva Ley General de Aguas, que terminará con los títulos de concesión para la explotación de agua y los cambiará por permisos anuales.
Si la iniciativa se aprueba en sus términos, las protestas de los productores del campo que hoy reclaman mejores precios para sus productos, se radicalizarán pues el texto de la reforma deja en manos del gobierno la distribución, las tarifas, la infraestructura y hasta el derecho de regar los cultivos.
Morena organizó un foro de cuatro días para, supuestamente, escuchar a todos los actores involucrados en el tema del agua; dicho foro comenzó el martes pasado y concluyó el viernes, sin que se conozca si los legisladores aplicarán o no algunas de las recomendaciones expuestas por los expertos.
Tal parece, sin embargo, que como ya ha ocurrido en otros foros para otros temas, los legisladores del partido guinda y sus rémoras del Verde y el PT, solo oyen a los exponentes pero no escuchan y mucho menos están dispuestos a mover una coma al texto enviado desde el Palacio Nacional.
La nueva ley, justificada como necesaria “para poner orden’’ en el uso del agua -considerado, por cierto, un derecho humano-, contempla la sustitución de los derechos, es decir, de las concesiones que tienen décadas, por permisos que se revisarán anualmente, lo que a juicio de productores, no es más que un ejercicio de control político.
¿De qué dependerá de que se renueve o no un permiso? Eso lo puede marcar la coyuntura política, sin duda.
El problema de cambiar concesiones por permisos, es que las primeras concedían per se certeza jurídica y valor patrimonial a los terrenos.
Las concesiones se podían heredar o transmitir su propiedad, pero la nueva ley prohíbe vender, ceder o heredar el uso de agua.
Los módulos y asociaciones de riesgo desaparecerán y serán sustituidos por consejos y comités designados desde la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura, en determinados casos.
Dicha ley también permite al gobierno suspender el riego agrícola en caso de una sequía, es decir, priorizar el consumo humano, pero sin la obligación de compensar a las familias productoras.
Los productores acusan que esta ley rompe el modelo de corresponsabilidad e invade competencias estatales.
La mayoría de los productores del campo están concentrados ahora en la búsqueda de mejores precios para sus productos y solo los más grandes, que serán los más afectados, han seguido el proceso de aprobación de esta ley.
Si ocurre el martes, como está previsto, prepárese para tener un diciembre lleno de bloqueos y movilizaciones en contra de una ley que deja el control del agua al gobierno que decidiera desde la CDMX, a quién sí y a quién no renovar el permiso.
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Los camioneros saldrán hoy a bloquear las principales vías de acceso en cuando menos 20 estados del país, en demanda de mayor seguridad.
A estos contingentes se sumarán los productores de maíz y frijol y cualquier otro grupo que tenga algún reclamo al gobierno, ya sea local o federal.
La advertencia la hicieron con tiempo, así que tome sus previsiones.
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Ayer fue asesinado Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz.
Un asesinato más con tintes políticos en ese estado, en el que la seguridad sigue más ciega que un topo y en donde todo se resuelve con promesas de “cero impunidad’’ y con una nueva “carpeta de investigación’’.
Ya para qué.
@adriantrejo
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