No es casual que Morena haya decidido posponer hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, que comienza el primer día de febrero, la discusión de la modificación a la Constitución para empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias del 2027.
Como se sabe, Morena propuso adelantar un mes la consulta de revocación argumentando que se podrían ahorrar 5,000 millones de pesos, si se hace coincidir con las elecciones federales.
Lo del ahorro es un pretexto pero les viene como anillo al dedo, pues se ajusta al discurso de “austeridad’’ que los políticos guindas predican pero no practican.
El caso es que Morena quiere, a toda costa, incluir en las boletas de votación que recibirían los ciudadanos para elegir a 17 gobernadores, 500 diputados federales (si es que la reforma no elimina o reduce el número de plurinominales), cientos de presidentes municipales y diputados locales y la mitad de magistrados y jueces del Poder Judicial, la fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En enero próximo, la Comisión para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez, presentará a la Presidenta las conclusiones de los foros en los que supuestamente se discutió el tema, para que el Ejecutivo redacte la iniciativa correspondiente de reforma electoral.
Ahí será incluido el tema de la revocación de mandato.
En primera, porque habrá tantos asuntos de debate en el documento que irán desde la reducción del presupuesto que el gobierno otorga a los partidos políticos para su operación, la reducción de los legisladores plurinominales, el aumento de los requisitos para la formación de nuevos partidos, etcétera, que el adelanto de la revocación, esperan, quede en segundo plano.
Y en segunda, porque el tema puede ser objeto de negociación con la oposición (incluidos los partidos rémoras de Morena como el Verde y el PT), de tal forma que el oficialismo pueda condicionar ciertas partes de la reforma electoral a la aceptación de la modificación de la Constitución.
Ya se verá en enero cuáles son las “conclusiones’’ de los foros o mejor dicho, cuáles son los intereses del gobierno que defenderá Pablo Gómez en el documento que servirá para la iniciativa.
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La Cámara de Diputados se prepara para discutir hoy en el pleno la muy controvertida ley que sanciona el uso de vapeadores y cigarros electrónicos.
La iniciativa en cuestión penaliza la adquisición, el almacenamiento, el suministro y la comercialización de esos artículos y, aunque no hay una sanción explícita para el uso o posesión de éstos, el hecho de criminalizar la cadena productiva constituye una forma de penalización de facto.
La iniciativa, que es una reforma a la Ley General de Salud, establece penas de 1 a 8 años de prisión para quien fabrique, venda o distribuya vapeadores o cigarrillos electrónicos.
Legisladores de oposición y organizaciones civiles se han opuesto a dichas reformas argumentando que la prohibición simplemente alienta el mercado negro, no termina con el problema sino que, por el contrario, lo hace más grande al dejar en manos de la delincuencia la comercialización de estos productos sin ningún tipo de filtro sanitario.
Algo así como lo que sucedió en Estados Unidos con la venta del alcohol en el periodo de la Gran Depresión, que ya sabemos cómo terminó.
Se pondrá bueno el debate.
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Ya comenzaron las primeras manifestaciones de organización de productores agrícolas en contra de la nueva Ley General de Aguas, a pesar de que hay avances en las negociaciones.
Ojo en Zacatecas, Puebla y Chihuahua, que ayer cerraron carreteras.
@adriantrejo
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