No se sabe cómo amanezcan hoy las carreteras del país luego del madruguete de Morena y sus rémoras para apresurar la aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a Ley de Aguas Nacionales.
Y es que, luego de que aparentemente había una negociación positiva con los representantes de diversas asociaciones de productores del campo, ayer ni siquiera les permitieron entrar a la sesión.
La discusión de esta ley no estaba programada pero de último minuto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, convocó a los coordinadores para cambiar el orden del día de la sesión a fin de que fuera incluido el debate y aprobación de la polémica ley.
Minutos antes, la iniciativa “que contiene 90 reformas’’, según pregonaron los morenistas, había sido aprobada en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Aguas y Saneamiento por 28 votos a favor, 10 en contra de la oposición y dos abstenciones.
Los coordinadores del PRI y el PAN, Rubén Moreira y Elías Lixa, votaron en contra del cambio del orden del día pero los verdes, el PT y Morena lo hicieron a favor.
Ambos dirigentes protestaron por el madruguete y pidieron que se pospusiera el debate para conocer las opiniones de los productores que desde temprano habían cercado el Palacio Legislativo.
No tuvieron éxito.
La oposición denunció que el dictamen aprobado en la Comisión era una trampa, una tomada de pelo para los agricultores y ganaderos pues si bien en el artículo 37 aparentemente se garantiza el derecho a la propiedad de la concesión y el pozo, en el artículo 37 Bis 1, se condiciona este derecho.
El diputado del PAN, Paulo Gonzalo Martínez, aseguró que el 37 Bis 1 es en realidad “un dardo envenenado’’ para los productores del campo pues la transmisión de los derechos de los títulos de concesión entrará a un proceso de revisión por un comité denominado Registro Nacional de Aguas, que estará conformado por la Conagua, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría del Bienestar.
Este ente decidirá, desde el centro del país, a quien sí o no se le puede renovar la concesión o, en su defecto, a quienes se le puede reducir o aumentar los volúmenes de agua.
Otros de los aspectos polémicos fue el hecho de cambiar las sanciones administrativas para quienes hagan mal uso de los títulos de concesión (por ejemplo, el acaparamiento, la venta de agua o la extracción de un volumen superior al autorizado) por sanciones de tipo penal.
Aquí el cuestionamiento es que muchas veces la delincuencia organizada roba o cambia de posición los medidores lo que provoca una lectura equivocada del volumen extraído sin que el concesionario tenga culpa; de todas formas será sancionado penalmente.
Al cierre de este espacio continuaba la discusión pero, cerca de las cinco de la tarde los productores que habían venido en sus tractores desde Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, retiraron el cerco que tenía en San Lázaro sin que mediara explicación.
No se sabe si fueron a reagruparse porque estaban resignados, eso si no estaban ni estarán.
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El diputado Paulo Gonzalo Martínez, por cierto, comentó que la Conagua tiene pendientes de resolver ¡150,000 trámites! y aún así le sumarán nuevas obligaciones con esta ley.
El problema, explicó, es que en presupuesto para el próximo año a la Conagua le redujeron 1,000 millones de pesos (de 37,000 a 36,000 millones) con lo cual se ve difícil que pueda cumplir con sus atribuciones.
No tienen ni dinero ni personal capacitado para hacerlo.
@adriantrejo
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