
Si bien la temprana reacción de la Fiscalía General de la República ahora a cargo de Ernestina Godoy le generó reconocimientos, también metió en problemas al Gobierno federal al considerar el estallamiento de un auto-bomba en Coahuayana, Michoacán, como un acto de terrorismo.
No se habían enfriado aún los fierros de la camioneta que un kamikaze mexicano hizo explotar frente a la comandancia de la policía comunitaria de ese municipio cuando la FGR había enviado su primer boletín en la era Godoy.
En el comunicado, la dependencia explicaba que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas habían iniciado una carpeta de investigación “en contra de quién o quiénes resulten responsables del delito de terrorismo’’.
Esa palabra que el gobierno de López Obrador se negó a reconocer, al igual que Claudia Sheinbaum, pues le estaría dando la razón a Donald Trump al declarar a las organizaciones del crimen organizado nacional como “terroristas’’.
De acuerdo con la legislación estadounidense, todo grupo delincuencial con el adjetivo de “terrorista’’, puede ser combatido en su país de origen; es más, debe ser combatido en su propio territorio.
El resbalón del equipo de Godoy no fue advertido de manera inmediata, pues el comunicado aún sigue en sus redes pero ayer fue corregido en un nuevo comunicado de actualización sobre el caso, algo inédito en la dependencia.
Ayer ya no fue una investigación por terrorismo sino “por delincuencia organizada’’, a pesar de que la explosión de la camioneta, que originalmente había causado la muerte a tes personas, ayer había aumentado el número de víctimas mortales a cinco.
El Gobierno mexicano se ha negado sistemáticamente a reconocer como actos terroristas los asesinatos masivos, el reclutamiento forzado y la utilización, por parte de los grupos criminales, de minas terrestres y drones con explosivos.
Pero la definición de delincuencia organizada ya no es suficiente para encuadrar esos hechos de violencia extrema, que superan cualquier narrativa de pacificación.
Si detonar una bomba en una camioneta para causar el mayo daño posible a la ciudadanía o a un grupo en particular, en este caso la policía comunitaria de Coahuayana, no es terrorismo, entonces estamos viviendo en un mundo paralelo, ignorando la realidad en muchas regiones del país.
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La asociación política Somos México, creada por los promotores del movimiento denominado la “Marea Rosa’’, realizó ayer su asamblea número 202, es decir, dos más de las que son necesarias para cumplir el primer requisito que le permitiría obtener su registro como partido político.
La idea es que la organización supere las 220 asambleas, por aquello de que el INE les pueda tirar o impugnar algunas, como sucede en estos casos, para evitar cualquier inconveniente.
La gran pregunta para los dirigentes de Somos México, entre ellos Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, es si comprenderán que la atomización del voto opositor en el 2027 solo beneficia al partido del gobierno.
Ninguno de los dos son improvisados en estas lides, así que algo deberán estar cocinando para que, si logran el registro como partido, no lo pierdan en su primera elección, en el 2027 y para eso necesitan de buenas alianzas.
Veremos.
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En Honduras se prevé un cierre épico de la elección presidencial que hasta ayer lideraba Nasry Asfura, del Partido Nacional, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal; la diferencia es menor a 20 mil votos.
A ver si no les toman por seis meses su principal avenida en Tegucigalpa.
@adriantrejo






