Este martes la Jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una estrategia interinstitucional para combatir el delito de despojo de inmuebles en la Ciudad de México, un fenómeno que calificó como uno de los más graves y dolorosos para la población capitalina.
“Este tema es muy sensible en la ciudad y, desde mi punto de vista, uno de los más importantes, porque es un delito que lastima mucho a las familias, a las comunidades, rompe vínculos familiares y se comete muchas veces contra personas en situación de vulnerabilidad”, declaró Brugada.
Durante su intervención, anunció formalmente la instalación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, un espacio interinstitucional que ya opera desde hace cuatro meses, encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde.
“Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata”, afirmó.
La funcionaria explicó que el despojo de inmuebles es un delito multifactorial y estructural, vinculado a: vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y redes criminales que operan con total impunidad.
El gabinete está conformado por instituciones como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario, la Consejería Jurídica y se incluirá a la Comisión de Derechos Humanos para garantizar un enfoque integral.
Además, reveló que se creó una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno, con el propósito de atender eficientemente cada caso.
“El objetivo es fortalecer institucionalmente al gobierno y a la fiscalía para enfrentar este grave delito”, destacó Brugada.
La estrategia contempla también una campaña de prevención ciudadana para difundir prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y enseñar a las personas a reconocer trámites sospechosos, así como exigir sus derechos.
Así mismo, informó que se presentará un paquete de reformas legislativas ante el Congreso local para fortalecer las penas y ampliar el marco jurídico.
Prisión sin derecho a fianza
Brugada anunció un conjunto de reformas legislativas para combatir el delito de despojo de inmuebles en la capital destacan el endurecimiento de las penas, la ampliación de su definición jurídica y el establecimiento de nuevas medidas de protección cautelar.
“Las penas con agravantes pasarán de 11 a 22 años de prisión, sin derecho a fianza”, detalló Brugada, al presentar la estrategia legal que acompaña la reciente instalación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos.
La propuesta contempla sanciones más severas cuando en el delito participen: servidores públicos, notarios, corredores de bienes raíces o autoridades auxiliares; así como en casos que afecten zonas de conservación ecológica o con valor histórico y patrimonial.
Además, se ampliará la definición del delito para incluir esquemas fraudulentos y tácticas encubiertas que hasta ahora no estaban tipificadas, lo que permitirá una persecución más eficaz de quienes lo cometan.
“Estas reformas buscan no solo castigar a los responsables, sino también prevenir que el delito se consolide legalmente. Se crearán mecanismos cautelares para proteger a las víctimas y su patrimonio desde el momento en que se detecta el riesgo”, agregó.
Como parte de la estrategia integral, se realizará una campaña de concientización y educación legal para que la “población pueda reconocer prácticas irregulares en trámites inmobiliarios y sepa cómo actuar ante intentos de despojo”.
Acciones clave contra el despojo inmobiliario
La Fiscal capitalina, Bertha Alcalde, anunció una serie de reformas al delito de despojo de inmuebles para endurecer las penas, combatir los vacíos legales y proteger a grupos vulnerables.
Refirió que en el 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8 por ciento conforme a lo denunciado el año pasado. Añadió que las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero son las que presentan mayores casos.
Refirió que se presentarán reformas para incrementar las penas que irán de 6 a 11 años de cárcel por un despojo sin agravantes.
En el caso de que existan agravantes como violencia, que sea contra grupos vulnerables, que estén involucrados funcionarios públicos; o que sea en zonas de valor ambiental, arqueológico o patrimonial, podrían llegar hasta los 22 años de cárcel sin derecho a fianza.
Aumento de penas del delito de despojo por agravantes:
De 6 a 11 años en su tipo base.
De 12 a 22 años en casos agravados (violencia, simulación, daños).
Daños físicos al inmueble (ej. forzar cerraduras, romper ventanas).
Impedimento material del uso del inmueble.
Simulación de actos jurídicos como compraventas falsas ante notarios.
Protección a grupos vulnerables: menores, embarazadas, pueblos indígenas, además de personas adultas mayores.
Participación de personas que se hagan pasar por servidores públicos.
Colaboración de notarios, sus ayudantes o figuras que simulen autoridad.
(milenio.com)
About The Author
