» Del michoacanazo al tamaulipazo

>Era un secreto a voces que, desde el término de sus respectivas gestiones, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández, habían sido señalados por sus nexos –ciertos o falsos- con la delincuencia organizada.

Yarrington buscó, incluso, ser diputado federal recién concluyó su gobierno en Tamaulipas ante los avisos del gobierno federal de que se le implicaba con el crimen organizado; el Comité Nacional del PRI, sin embargo, no lo dejó pasar.

A cambio le delegó responsabilidades menores dentro del propio partido, como fue la organización de la última asamblea nacional que realizó el PRI en Aguascalientes.

Con Eugenio Hernández sucedió algo similar.

Recién concluyó su administración, marcada por cierto por el asesinato del candidato a sucederlo, Rodolfo Torre Cantú, buscó cobijo en el Comité Nacional del PRI, en donde ya se le había reservado un lugar.

El entonces presidente del PRI, Humberto Moreira Valdez, trató de asignarle una cartera dentro del CEN priísta pero versiones externas aseguran que no lo hizo ante la advertencia del gobierno federal de que el tamaulipeco estaba sujeto a una investigación.

Moreira se fue sin poder darle posesión del cargo prometido.

Ambos, junto con su padre político, el también ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, fueron impedidos por la PGR para abandonar el país, en una muy extraña decisión que hasta el cierre de este espacio no había sido aclarada por las autoridades.

No se dice que cuáles son las razones para impedir que el trío tamaulipeco abandone el país, pero lo más extraño es que, si efectivamente son sujetos de una investigación bajo cargos tan graves como asociación delictuosa o enriquecimiento ilícito, ¿por qué entonces no se giró una orden de aprehensión y se les advirtió cancelándoles la posibilidad de abandonar el país por aire?

Si el gobierno salió a pescar “peces gordos’’, más vale que en realidad tengan los elementos de prueba para justificar tal acción.

O de lo contrario estamos ante la versión actualizada del michoacanazo que ahora podría ser el tamaulipazo.

Sin duda el de ayer no fue un buen lunes para el PRI.

No solo la información sobre la petición de la PGR a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar que tres exgobernadores de Tamaulipas abandonen el país sino también la detención del tesorero de Veracruz, Víctor Benítez González, con 25 millones de pesos en efectivo, puso al tricolor contra las cuerdas en el ring electoral.

Para colmo de males, el gobierno veracruzano reaccionó de una manera tan torpe que solo incrementa las dudas sobre el origen y el destino del dinero.

“Renunciar’’ al tesorero no soluciona el problema, por el contrario, acentúa las sospechas de que esos recursos probablemente no tenían el fin que dicen que tenía.

Más material pues, para que la oposición se cebe en el PRI y en su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.