» Eliminado, uno de cada cuatro programas de gobierno

¿Cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Estas cinco preguntas son las que se hacen en la Cámara de Diputados luego de conocer el documento con la estructura programática para el presupuesto del 2016.

Presentado por la Secretaría de Hacienda, el documento establece el recorte del 22.4% de los llamados “programas presupuestarios”, -ojo, la dependencia nunca usó el término “sociales”- o su fusión con otros, pero se desconocen montos y, sobre todo, por qué y para qué servirán esos ahorros.

De acuerdo con el documento presentado al inicio de la semana, el número de programas reportados por el gobierno federal pasaría de los 1,097 actuales a 851, lo que implica una disminución de 246 programas, casi uno de cada cuatro.

Esta reducción de “programas administrativos” –entre los que se encuentran el llamado “Escuela Segura”, que desaparecerá-, implicaría un ahorro superior a los 400 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda.

Pero no será hasta el 8 de septiembre próximo cuando conozcamos en su real dimensión cuáles serán los programas “administrativos” –en realidad todos lo son- que sufrirán recortes o desaparecerán.

Y desde luego, también deberá conocer qué es lo que ocurrirá con el personal que dejará de laborar en esos programas pues muchos de ellos no serán reubicados.

No se trata de un asunto menor.

Porque si bien se agradece que el gobierno haya decidido enfrentar con medidas radicales como el presupuesto base cero la caída de los ingresos petroleros, aún no se pueden medir con exactitud cuál será el costo de programa gubernamental.

Por lo pronto, mientras son peras o manzanas, el PAN ya dijo que no aprobará un presupuesto con base cero.

Para los panistas en San Lázaro, el recorte de programas tendría que ser incluso más agresivo pero siempre pasando por el filtro de la transparencia.

Es decir, que se eliminen todos los programas que no ofrezcan resultados concretos y que, por el contrario, son utilizados con fines de coptación electoral -¿o sea todos?-.

Pero el programa gubernamental estará cojo si no se acompaña de la reingeniería de la administración pública federal, que fue engordada sin recato en las administraciones panistas.

El pleito por los recursos pues, será de antología a partir de septiembre.

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Un año tuvo que pasar para que la Procuraduría del estado de México detuviera a cuatro de los “agentes ministeriales”, o sea judiciales, que se ensañaron con las tres mujeres testigos de la masacre en Tlatlaya, a pesar de las evidencias.

Un juez “obsequió” –uta, qué regalazo- las órdenes de aprehensión de los cuatro judiciales y faltan por detener a otros tres, luego de la presión que ejercieron medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Nada más falta fincarle responsabilidad a los altos mandos de la Procuraduría mexiquense que en todo momento aseguraron que no hubo ejecución extrajudicial, sino que los muertos cayeron en “un enfrentamiento” con el Ejército.

¿El largo brazo de la ley alcanzará al procurador del estado de México o de perdida a alguno de sus subprocuradores señalados de entorpecer la investigación de la CNDH y, por lo tanto, de encubrir el ajusticiamiento?

Ya se verá.

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El gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, es tan gris como su administración y por ello corrió a tomarse la foto junto a los reyes de España y el presidente Peña y su esposa.

Mal cayó en la comitiva presidencial el lance del priista, que nomás faltó les pidiera su autógrafo a los visitantes españoles.

Y es que la administración del zacatecano ha pasado de noche y cuando se habla del estado, solo es cuando se registran uno de esos tantos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

Sobra decir que el gobernador fue ayer el hazmerreír en todo el país.