
Morena se volvió contra el principio de su tlatoani, “prohibido prohibir’’, y aprobó en San Lázaro sanciones a quienes utilicen o vendan vapeadores y cigarrillos electrónicos o dispositivos similares.
El pretexto, ya se sabe, fue combatir la adicción a esos aditamentos por causas de salud pública, al igual que justificará el aumento a los impuestos de bebidas azucaradas y energéticas.
La legislación aprobada establece castigos de uno a ocho años de prisión a la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos.
La incongruencia de los morenistas es que, por el contrario, siguen sin prohibir el consumo de la mariguana (hasta espacios en la ciudad les han concedido para fumar sin ser molestados), que por mucho su consumo ha causado un mayor daño a la sociedad.
Y lo segundo es que, irracionalmente, está legislación aprobada, tal y como lo dijo la diputada del MC, Iraís Reyes, esta legislación establece sanciones superiores a delitos como la violencia contra las mujeres, el tráfico y de armas, y su portación o drogas duras como la cocaína.
¿Será que tal inquina contra los vapeadores tiene su origen en un video de hace algunos años en los que se ve al hijo menor de López Obrador usar uno de esos aparatos?
No, eso no pasa en México.
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Ayer se desató otro escándalo en el Senado de la República, gracias a la dotación del último libro de López Obrador, enviado a cada uno de los senadores de Morena (y seguramente a los del Verde y el PT), por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López.
Cada senador recibió entre 200 y 260 libros de su prócer, cada uno con un precio de 600 pesos.
El tema reventó cuando un senador, Eugenio Segura Vázquez, de Quintana Roo, dijo que los libros no habían sido un obsequio sino que tenían o tuvieron que pagarlos.
El senador que recibió 260 ejemplares, tendrá que pagar nada más 156,000 pesos, más de un mes de su dieta, para la divulgación “de la obra’’ de López Obrador.
Aunque otros legisladores, como Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó que haya tenido que pagar por los ejemplares que recibió, pero cómo por qué tendría que ser un regalo si de eso vive, según él, el expresidente.
¿A poco lo van a dejar sin regalías? Pues claro que no.
Ahora los senadores tendrán que vender esos libros si quieren recuperar la inversión o regalarlos a sus allegados, para cumplir con las expectativas del macuspano.
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Por cierto, ayer en el Senado, el legislador del PT, Alejandro González Yáñez, propuso un Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano, dizque para equilibrar la balanza de la información.
La propuesta del duranguense -que en febrero pasado propuso reformar el artículo 26 de la Constitución para crear un “sistema de sustitución de importaciones’’ para responder a los amagos arancelarios de Trump-, implica que el gobierno se haga de un canal de televisión, una estación de radio y un periódico así como de una agencia informativa.
¡Pero si ya los tienen!
Y no uno, varios.
Canal 11 dejó de ser un espacio cultural para convertirse en un canal de adoctrinamiento, igual que ocurre con el canal 22; ya tienen el IMER (y otras estaciones presuntamente privadas).
Y de periódicos, ni hablamos.
Hay varios que le compiten a aquel desaparecido “Nacional’’ priista.
Dicen que por eso Santa Clos les traerá a los políticos de la 4T una llenadera, porque es lo único que no tienen.
@adriantrejo






