>Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que defenderá la democracia mexicana y acudirá al rescate de la moralidad del país, tan golpeada en la pasada elección presidencial.
No hubo, salvo el anuncio de que el próximo miércoles definirá el programa de acción para la defensa de la democracia, novedades en el discurso del tabasqueño.
Como ya se sabía, dijo que solicitará la anulación de la elección que fue inequitativa y sucia.
Citó que tiene miles de pruebas, la mayoría aportadas “por la sociedad”, con las que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tendrá más remedio que anular la elección.
Hay sin embargo, un problema.
Primero, que la coalición de izquierda tendrá que pasar de la verdad del twitter o el Facebook a la verdad jurídica, es decir, tendrá que convencer al Tribunal de que las miles de denuncias que dicen tener realmente impactaron en el proceso electoral.
Dijo López Obrador que el PRI compró cinco millones de votos y eso es lo que tendrá que demostrar; a ver si las pruebas que tiene le alcanzan.
También aseguró que hubo inconsistencias en el 50% de las actas de la elección presidencial; si así fuera, ¿dónde estuvieron los representantes de la coalición de izquierda que dejaron pasar todas esas inconsistencias? ¿También recibieron sus tarjetas de Soriana o Monex?
Como sea, el tabasqueño ya rompió lanzas con todos los partidos, con las autoridades electorales –a los que quiso poner entre la espada y la pared- y de paso advirtió que ejercerá sus derechos ciudadanos para la defensa ya no de su supuesto triunfo, sino de la democracia mexicana.
Traducido es: prepárese para movilizaciones, marchas, plantones y lo que ya vio en el 2006. Por lo menos.
>Una de las estrategias de la coalición de las izquierdas para presionar al TEPJF es pedir que los magistrados María del Carmen Alanís Figueroa y José Alejandro Luna Ramos se excusen de participar en la calificación de la elección.
La primera porque en marzo del 2011, se reunió con operadores de Peña Nieto en una cena celebrada en su casa. El PAN pidió la recusación de la magistrada que participaba en la discusión de sanciones al propio Peña, su equipo de comunicación y algunas estaciones de radio y televisión.
El pleno del TEPJF determinó que había “insuficiencia probatoria” para acreditar una conducta desleal a la magistrada que sí participó en la discusión final.
En el caso del magistrado Luna Ramos, presidente del TEPJF, Ricardo Monreal lo acusa de prejuzgar la validación de la elección presidencial al haber declarado el lunes 2 de julio de 2012 que “nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas”.
Monreal parece ignorar o haber olvidado que ésas declaraciones el magistrado Luna Ramos ha venido repitiéndolas desde que las pronunció por primera vez al rendir su primer Informe Anual de Labores, el 29 de noviembre de 2011, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Entonces?
Notas Relacionadas
About The Author
