El Gobierno mexicano ya tiene en sus manos a Hernán Bermúdez Requena, líder del cártel, La Barredora, en Tabasco; tiene también al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, presuntamente el principal operador logístico del huachicol fiscal.
Dos golpes que le han permitido salvar momentáneamente el discurso de “cero tolerancia a la corrupción’’, pero está aún muy lejos de quedar demostrado.
Si bien ambos personajes son actores importantes en sus respectivas historias que amenazan con conectarse en algún punto y por algún encumbrado personaje, la narrativa presidencial será cierta hasta que caigan sus protectores, sus promotores y sus socios, por insignificantes que parezcan.
Bermúdez Requena convirtió a Tabasco en un infierno; no lo decimos nosotros ni los medios “conservadores’’ sino el propio gobernador Javier May, sin cuyo testimonio, y pese a los cientos de evidencias, las autoridades no se habrían movilizado.
Por lo mismo resulta inverosímil (y hasta risible), que el gobernador y exsecretario de Gobernación “casi hermano de López Obrador’’, Adán Augusto López, asegure que “no estaba enterado’’ de las transas, de los delitos que cometía su entonces secretario de Seguridad Pública.
Lo de Farías Laguna y su hermano Fernando (este último prófugo), tiene más aristas que las que saltan a simple vista.
Desde el 2024, cuando se hizo más que evidente la corrupción en las aduanas del país, la trama ha dejado siete muertos, como serie de mafiosos.
El escándalo venía de mucho atrás.
En marzo del 2022, el periodista Carlos Loret publicó con datos que hoy forman parte de la investigación, la denuncia de marinos en contra de los hermanos Farías Laguna, que si no hubieran sido sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, entonces secretario de Marina, jamás habrían podido tener la red de corrupción que tienen.
Qué bueno que el gobierno detuvo a Bermúdez Requena y a uno de los Farías, pero la aplicación de la justicia no puede terminar solo con esas capturas.
Mientras que el gobierno no llegue al cerebro de esas bandas, a sus protectores, a los multimillonarios beneficiarios, ya sean servidores públicos, empresarios o hijos de políticos en funciones, las capturas serán simplemente fuegos de pirotecnia.
Por el momento, el discurso del combate a la impunidad, sigue cojo.
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Si la presidenta Sheinbaum quisiera combatir la corrupción, tiene en sus manos el caso de la estafa de Segalmex y la participación (por comisión o por omisión) de su ex director Ignacio Ovalle.
Protegido de López Obrador, el exdirector de la Conasupo (de la cual salió también en medio de un escándalo de corrupción), Ovalle no sólo no ha sido detenido o citado, sino que fue protegido por el expresidente dándole un cargo en donde pudiera cobrar sin estar en el foco mediático.
Sería un buen comienzo, si quisiera.
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Por cierto, Sheinbaum estuvo el fin de semana en Puebla, entidad en la que destacó los trabajos de saneamiento del Río Atoyac y el hecho de que el estado haya sido elegido para desarrollar el proyecto del primer auto eléctrico nacional, “Olinia’’.
Sheinbaum prometió que se construirán 60 mil viviendas por parte del Infonavit, para familias que ganen menos de dos salarios mínimos, 20 mil casas más por parte de Conavi, así como 10 mil por cuenta de Fovissste.
Informó que 168 mil 620 familias poblanas disminuyeron la deuda que existía en créditos de vivienda.
Además, anunció que los 217 municipios en la entidad contarán con un Centro LIBRE para prevenir la violencia contra las mujeres, que es un proyecto diseñado por la administración que encabeza Alejandro Armenta.
A ver.
@adriantrejo
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