
Por más que quieran argumentar que el incremento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y similares “no es recaudatorio’’, los números indican todo lo contrario.
Porque no solo aumentó el IEPS para los refrescos (la cuota pasó de 1.6 pesos a 3.08 pesos por litro), sino que de paso se incrementó el impuesto también para tabaco (aquí sí 100%) bebidas edulcorantes no calóricas (refrescos light) y sueros orales no medicinales, entre otros productos.
También se incrementan los costos de algunos servicios que presta el gobierno, desde la entrada al Museo Nacional de Antropología hasta la expedición o revalidación de una licencia de piloto.
El gobierno espera captar, con estos aumentos, más de 42,000 millones de pesos; lo que se recaude con el incremento del IEPS a los refrescos, dice, será aplicado a programas de prevención de la salud.
Desde que se conoció la intención gubernamental de incrementar este impuesto a las bebidas azucaradas (México ocupa el primer lugar mundial en su consumo), la campaña oficial fue fijar en la opinión pública la narrativa de que es una medida de prevención debido a la elevada cifra de diabetes que presenta el país y que le cuesta al gobierno miles de millones de pesos en atención.
Y, aunque hay parte de verdad en esto, sin duda, la otra parte tiene que ver, de acuerdo con estudios no tan recientes, que la diabetes no solo es causada por el consumo de refrescos, sino producto del consumo excesivo de carbohidratos, como el pan y las tortillas.
Si la intención fuera realmente la prevención, tendrían que gravarse también las tortas de tamal que se venden en cada esquina de la capital o las estaciones del Metro; las garnachas, sopes, quesadillas, etcétera.
¿Aumentar el impuesto a los refrescos hará que la gente consuma menos?
No lo parece, porque ya ha habido otros aumentos de precio a estos productos y el consumo, lejos de caer, aumentó porque en muchas poblaciones del país, cuesta menos un refresco que un litro de agua.
A ver.
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Eso de que “llegamos todas’’ no se refleja en el presupuesto que la Federación destina a la recién creada Secretaría de la Mujer.
La diputada panista Lorena García Jimeno recriminó que los presupuestos con “perspectiva de género” solo se han construido con discursos y no con “recursos reales’’.
García Jimeno advirtió que mientras el gobierno presume compromiso con la igualdad, la Secretaría de la Mujer apenas opera con dos mil millones de pesos.
“Esa contradicción, dijo, desnuda una política que prioriza transferencias asistenciales sobre la creación de oportunidades duraderas para millones de mexicanas’’, dijo.
O sea que mucho bla bla bla sobre igualdad y derechos de las mujeres y poco efectivo para hacerlos realidad.
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Quintana Roo ha lidiado por años con el problema del sargazo, que se quiera o no, ahuyenta al turismo de las playas del estado.
Ayer la gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con el comisario Europeo Jozef Síkela y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo de Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, con la finalidad de fortalecer la cooperación para atender y aprovechar esta variedad de alga que llega por miles de toneladas a las costas quintanarroenses.
Lezama dijo que el estado se consolida como un referente mundial en innovación ambiental al transformar un desafío ecológico en una oportunidad de desarrollo mediante la construcción de dos plantas de biogás que permiten convertir el sargazo en fertilizantes orgánicos y generan empleos verdes.
Pero eso será, apenas, una parte de la solución a ese complejo problema.
@adriantrejo