
En los años de la administración anterior, Andrés Manuel López Obrador casi duplicó la deuda del país para financiar sus obras faraónicas y los programas clientelares, hoy ya convertidos en programas sociales constitucionales.
Con el peso de la deuda (casi 18 billones de pesos), el Gobierno de Claudia Sheinbaum pidió que el Congreso le autorizara una deuda de 1.8 billones de pesos para el año próximo, de los cuales, 1.6 billones de pesos será para pagar solo los intereses de la deuda heredada.
Es cierto que esto incluye los 10 billones de pesos que dejó como saldo de la deuda Enrique Peña Nieto, más una cantidad cercana o igual al cierre de este 2025.
Lo que destaca aquí es el hecho de que López Obrador juró y perjuró que “no iba a endeudar al país’’ y en seis años adquirió la deuda sumada de Fox a Peña.
El problema es para la presidenta Sheinbaum y su secretario de Hacienda, que hacen malabares para que les cuadren los haberes y los deberes, aunque sea subiendo el impuesto a los refrescos.
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Pues el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, quiso, como se dice popularmente, “dormir al velador’’ con su anuncio anticipado de un acuerdo con los productores de maíz que nunca fue aceptado.
Ayer, el Bajío vivió las consecuencias del desacuerdo; decenas de miles de transportes detenidos por el bloqueo de autopistas y carreteras en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sinaloa.
Ayer por la tarde, luego de más de 24 horas de bloqueos, los productores abrieron un carril a la circulación en señal de “buena voluntad’’ a la espera de que el gobierno les acepte un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada, algo que se ve complicadísimo.
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La ciudadanía aplaudió el operativo realizado por la Fiscalía del Estado de México, el viernes pasado, que concluyó con la clausura de casi 200 pozos de los que se extraía agua de manera criminal.
Decenas de estos pozos están en manos de los grupos criminales de Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán y otras zonas del oriente mexiquense, por lo que la acción fue bien vista.
Peeero, claro que los piperos beneficiarios del llamado aguachicol no iban a dejarse quitar el negocio así como así.
El lunes pasado cerraron las vías de acceso a la CDMX por casi 8 horas; el chantaje les dio resultado.
Ayer las autoridades de Texcoco, municipio del que es originaria la gobernadora Delfina Gómez, aceptó hacer “una pausa’’, es decir, quitar los sellos que había colocado la fiscalía estatal en algunos de esos pozos, para que los piperos pudieran seguir trabajando.
La autoridad no tuvo eso (autoridad) para imponerse y devolvió el negocio del aguachicol a las bandas que se han aprovechado de las necesidades de la población hasta convertirse en un cártel.
El trato comprende además una “verificación’’ de la situación legal de cada pozo, pero luego de la retracción, eso no se hará y si se hace, ya no importará.
¿Qué o quién le dobló la mano a Delfina?
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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió en Apatzingán con productores de limón, luego del asesinato de su representante, Bernardo Bravo.
El funcionario estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; ambos se comprometieron con los productores a establecer un mecanismo de seguridad más avanzado que comprenderá el envió de agentes encubiertos y el uso de mayor tecnología para garantizar el buen funcionamiento de la cadena comercial del limón.
García Harfuch se comprometió también a detener a todos los involucrados en el homicidio de Bravo.
“No quedará impune’’, dijo.
@adriantrejo






