Nada evitará que Morena y sus rémoras en el Congreso consumen la reforma constitucional para empatar la fecha de la consulta de revocación de mandato con la de las elecciones intermedias de 2027.
Aunque el pretexto sea el más manido de la 4T, el presunto ahorro de 5,000 millones de pesos, la realidad es que se trata de una trampa legal para involucrar el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum en una boleta electoral junto con la de los candidatos a diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, gobernadores y cientos de candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial.
Como ya se ha explicado, este involucramiento de la figura presidencial busca reproducir el efecto López Obrador en el proceso electoral intermedio pues, a pesar de que los voceros de la 4T presumen la enorme popularidad de la mandataria, temas como la inseguridad, la economía que está con alfileres, dependiendo del humor de Donald Trump, podrían darles un susto en las urnas.
Eso, considerando lo que ha ocurrido este año; falta esperar cómo estará el país en el 2026 y, desde luego, en el 2027, en donde el gobierno echará toda la leña al asador, es decir, más dinero a los programas sociales.
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La nueva Suprema Corte resolverá a favor del SAT, el próximo jueves, los últimos recursos que el Grupo Salinas (GS), propietario de Elektra y TV Azteca, interpusieron en contra de lo que el conglomerado considera un doble cobro.
Los nueve ministros desecharán los recursos de amparo y de revisión interpuestos en contra del SAT, como se publicó en los proyectos de sentencia del máximo tribunal, sin que se analizara el fondo de los reclamos.
Con los proyectos de sentencia hechos públicos, Grupo Salinas, cuyo CEO es Ricardo Salinas Pliego, consideró que el Poder Judicial “está sometido al Ejecutivo y sus ministros obedecen a sus verdaderos jefes en el poder político’’.
El Grupo aseguró que después de la “abusiva reforma judicial’’ y la “farsa electoral, la justicia ya no protege a los ciudadanos del poder, sino que sirve a los intereses políticos del Estado’’.
Salinas Pliego se ha quejado, desde hace años, de que el Grupo que encabeza ha sido objeto de una campaña sistemática del gobierno en su contra.
Los recursos legales que presentó el consorcio son en contra de un cobro inicial de 33,477 millones de pesos.
El GS anunció que recurrirá a instancias internacionales para defenderse.
“Hoy es Grupo Salinas; mañana puede ser cualquier ciudadano o empresa que piense distinto al poder’’, consideró.
Independientemente del fallo del jueves, el asunto no terminará ahí.
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El INE salió en defensa de la seguridad de la credencial para votar y del sistema que se ha utilizado para actualizarla.
El Instituto, a cargo de Guadalupe Taddei Zavala, consideró que la seguridad de la credencial de elector, el documento de identificación por excelencia, cumple los estándares internacionales más exigentes en la protección de datos personales lo que es una medida “de independencia política y tecnología’’.
En agosto de 2025, el Consejo General del Instituto aprobó una actualización integral del modelo para reforzar la tecnología adoptada en 2019 que consolida una innovación de sello nacional: los códigos QR bidimensionales cifrados.
Estos fueron desarrollados por una empresa mexicana, certificados internacionalmente y auditados bajo estándares de seguridad digital europeos, que puede verificar su autenticidad sin conexión a Internet, sin depender de bases de datos externas y sin exponer la información personal del ciudadano.
Este modelo ha fortalecido la confianza ciudadana y recibido reconocimiento internacional. Entre los premios obtenidos destacan el Best Civil Card 2022 – High Security Printing Latin America, entre otros.
@adriantrejo
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