Una Presidenta que presume una aceptación de entre el 75% y el 80% no necesitaría que los diputados, senadores, gobernadores de su partido salieran a “defenderla’’ de una marcha a la que ellos mismos minimizan y hasta ridiculizan.
Tampoco requeriría que esos mismos legisladores utilicen su aplanadora para modificar la Constitución para empatar, tramposamente, la fecha de la consulta de revocación de mandato con la fecha de las elecciones intermedias en las que se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.
Una Presidenta con ese grado de aprobación, según ella invencible y “más fuerte’’ después de la marcha y las críticas, no necesita una reforma electoral que asfixie a los partidos minoritarios desapareciendo la representación proporcional y el financiamiento público o la reducción de este para ahogarlos o dificultarles, en grado sumo, la competencia por el poder.
Si la Presidenta aprueba el proyecto de reforma electoral que le dejó Andrés Manuel López Obrador, en el que se incluye la desaparición o la reducción del financiamiento público, abrirá las puertas al financiamiento ilícito, que ya ocurre, ocurrió y seguramente ocurrirá en el 2027, pero sin máscaras.
El crimen organizado, con amplia participación en estados en los que les impone candidatos como Michoacán o Sinaloa, se apropiará de los procesos electorales.
Una Presidenta científica habrá reflexionado sobre ese tema y no dejará que el ala radical de su partido se le imponga.
¿Por qué si Claudia Sheinbaum tiene ese porcentaje de aprobación requiere del apoyo de algunos muy cuestionables personajes de su partido o escucha sus consejos como ese de mantener detenidos a 18 marchistas que se irán convirtiendo en presos políticos?
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El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, puso a disposición de las familias de los detenidos por la marcha del sábado anterior, a un grupo de abogados en tanto que algunas organizaciones civiles ofrecieron “asesorías’’ legales a los detenidos.
Lo del PRI es estrategia, desde luego, pero no deja de tener su lado humano.
La mayoría de los detenidos son jóvenes a los que se les intenta tipificar el delito de tentativa de homicidio; otros por robo y lesiones; hay un adulto mayor de 65 años, también imputado por supuestamente atentar contra la vida de un policía.
Sin recursos y sin defensa, hace bien el tricolor en disponer de sus abogados para representar a los detenidos, que serán, conforme pasen los días, otra bandera por la que la Generación Z saldrá a las calles si los procesos penales son viciados, armados o como quieran llamarles.
El gobierno, que después de la manifestación del 2 de octubre pasado en el que resultaron heridos gravemente varias decenas de policías solo detuvo a una persona, hoy se regodea con la detención de 18 que creyeron que, efectivamente, había libertad de manifestarse.
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Una buena decisión tomó el Gobierno federal al cambiar y reducir la ruta del desfile militar del 20 de noviembre, ante el anuncio de una segunda marcha de la Generación Z.
Tradicionalmente, el desfile, comenzaba en el Zócalo capitalino y concluía en el Campo Militar Marte, sobre Paseo de la Reforma.
Ahora la ruta del desfile será del Zócalo al Monumento a la Revolución.
Del lado de los convocantes a la marcha, ayer Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, promotores de la llamada “Marea Rosa’’ y hoy en busca de convertirse en el partido político “Somos México’’, advirtieron que “no existen condiciones’’ para la segunda marcha porque nunca es buena idea confrontarse con el Ejército.
Y nada garantiza que no reaparecerán los reventaderos del Bloque Negro.
Prudencia pues.
@adriantrejo
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