Pese a las buenas intenciones, nada garantiza que los resultados de las tres encuestas que se levantaron para elegir al candidato del PRD a la jefatura de Gobierno del DF sean aceptados y al parecer ni respetados.
Y es que pese a que en público los seis precandidatos aceptaron que se hicieran tres encuestas, en privado cuestionan sus imparcialidad, sobre todo la de Buendía y Laredo “por su cercanía con Manuel Camacho Solís’’.
Los perredistas ni siquiera fueron capaces de respetar el acuerdo interno de suspender los actos de proselitismo durante el levantamiento de las encuestas.
Tan es así, que los diputados Fernando Cuéllar y José Luis Muñoz, representantes de la precandidata Alejandra Barrales, enviaron una carta –ootraaaa carta, la primera fue enviada por la propia Barrales el viernes pasado-, en la que externaron “su preocupación’’ por lo que consideraron la inducción al voto.
Esto es un indicador de que ni aún con esté método, las tribus perredistas pueden sentirse a salvo de un cochinero.
O lo que es lo mismo, acusan el “cuchareo’’ de las encuestas, lo que de suyo es bastante grave.
Mañana se realizará el primero de los debates –si no es que el único, dependiendo del resultado-, entre los tres precandidatos presidenciales del PAN.
Y aunque aparentemente todo es civilidad y buenos modos, en realidad la pugnas están más vivas que nunca.
Por ejemplo, la diputada con licencia, Josefina Vázquez Mota solicitó al IFE que fiscalice los recursos utilizados en las precampañas y aunque se guardó el nombre del destinatario, para nadie es un secreto que el misil lleva por blanco a Ernesto Cordero, a quien acusan de gastar mucho más de los 60 millones de pesos autorizados.
Así que no espere flores y música de violín mañana porque si bien los panistas son algo pudorosos, lo que está en juego es como para que se pierdan el respeto.
La Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero anunció ayer los nombres de los probables responsables del asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa, hace más de un mes.
Se trata de dos ex policías ministeriales –judiciales pues- cuya participación en los homicidios quedó demostrada de acuerdo con la investigación realizada por la dependencia local y cuyos resultados son consistentes con el informe que presentó la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que Ángel Heladio Aguirre no se durmió ni le dio largas al asunto, lo cual es un punto a su favor.
Eduardo Pérez Mota se metió en un berenjenal en detrimento de la credibilidad que la Comisión Federal de Competencia debe tener.
Hace unos días descalificó la sociedad entre Televisa y Iusacell, a pesar de que el tema no ha sido analizado por el pleno de la Cofeco.
Con ello, pareciera que el funcionario, que debe ser imparcial, pretende proteger a la empresa dominante en el mercado y cierra la puerta a la libre competencia. ¿Qué no se trataba de abrir el mercado?
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