>El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, reconoció ante senadores que delitos como el robo de vehículos y el robo a casas-habitación se redujeron en el 2013 pero que, en contraparte, la extorsión y el secuestro aumentaron –no dijo el porcentaje-, el año pasado.
Seguramente las cifras presentadas por el funcionario desencadenarán una ola de descalificaciones e improperios, pero si algo hay que agradecer es que finalmente se están ofreciendo datos ciertos, sin el maquillaje con el que los gobiernos suelen beneficiarse.
La seguridad sigue siendo la deuda mayor del gobierno del presidente Peña.
Se han visto los esfuerzos, pero a juzgar por los datos presentados por el secretario de Gobernación, los delitos de alto impacto social, es decir, los que generan la corriente de opinión de que no se avanza, mantienen una constante.
De acuerdo con Osorio, el incremento del secuestro y la extorsión se debe, entre otros factores, a un patrón de diversificación y cambios en la estructura operativa de las organizaciones criminales.
Haiga sido como haiga sido, para citar a un clásico, el hecho la deuda en seguridad sigue creciendo conforme avanzan los meses.
Y esa no es una buena señal.
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>Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones, se reunió con empresarios del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior que preside Valentín Diez Morodo y con empresarios españoles, ante quienes expuso los proyectos que realizará la SCT en el marco del Programa Nacional de Infraestructura.
La reunión ocurre justo cuando se debate en el país si la economía está en recesión o no y cuando previsiblemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustará a la baja la proyección de crecimiento para el próximo año.
El anuncio podría hacerse hoy, por cierto.
A la reunión, cuyo fin era dar seguridades a la inversión española en los proyectos de infraestructura, asistieron el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo y el Embajador de España en México, Luis Fernández-Cid.
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>Para desterrar fantasmas, el gobierno de Coahuila impulsa una Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales” como un “ejercicio que mejora el desarrollo, la competitividad, la justicia y el cambio para bien de un gobierno y sus ciudadanos”, aseguró el gobernador Rubén Moreira.
A través de esta ley, en vigor ya en el estado, los ciudadanos podrán consultar datos como la versión pública de la declaración de servidores públicos, padrones de beneficiarios de los programas sociales, la deuda pública, así como las instituciones a las que se adeuda, el atlas estatal de riesgo, resultado de las visitas, quejas y sanciones aplicadas a los notarios públicos, estadísticas de personas desaparecidas o no localizadas.
Suena bien.