Ese “tenemos que hacer algo’’ de Donald Trump sobre la situación de México y la delincuencia organizada, ya no fue ni amable ni diplomático; sonó a advertencia.
Trump volvió a arremeter en contra de los cárteles de la droga, quienes, dijo, tienen “aterradas’’ a las autoridades mexicanas “y a las personas electas’’.
No habló, sin embargo, de la colusión entre criminales y autoridades, como lo ha hecho en otras ocasiones.
El presidente norteamericano dijo que “no podían permitir que continuara’’ el control de los cárteles de gran parte del territorio nacional, durante una ceremonia en la que firmó una ley en contra del fentanilo (producción, comercialización, tráfico).
Ese “tenemos que hacer algo’’ no se refirió a una acción conjunta con el Gobierno mexicano, sino a una posibilidad de su gobierno, algo que debería haber encendido las alarmas en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum confía en que un eventual acuerdo en materia de seguridad que, según explicó, estaría por firmarse en los próximos días, detenga los mensajes incendiarios de su contraparte estadounidense.
Pero eso no es seguro, pues a cada concesión que le hace México, Trump reclama mayores prendas.
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Aunque la historia ha demostrado una y otra vez que eso de querer controlar los precios (de lo que sea) resulta tarde o temprano contraproducente para las economías, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció la creación de un Índice de Precios de Alquiler Razonable.
Esto, según explicó, como parte del plan gubernamental para frenar la especulación inmobiliaria y la gentrificación.
Se trata, dijo, de que las rentas no aumenten más que la inflación del año, de regular los hospedajes temporales de plataformas como Airbnb para lo que propone además la creación de una Defensoría Pública del Derecho de los Inquilinos.
Si con las actuales leyes, sacar de una propiedad a un inquilino moroso es una tortura que se prolonga por años, imagínese con esas leyes que parecen (parecen ¿eh?) clientelares.
Asfixiarán a la industria inmobiliaria.
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Ocurrió lo que se había advertido que pasaría al integrar a los trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social: aumento de precio en los servicios.
El primero que lo hizo fue Uber, el servicio de taxi por aplicación, que anunció el incremento del 7% a sus tarifas derivado del costo de la reforma laboral.
Pero tanto la Secretaría del Trabajo como la Profeco, anunciaron que el aumento es unilateral y que no se sujeta a las negociaciones con las plataformas; por lo tanto, es ilegal.
La Secretaría del Trabajo explicó, en pocas palabras, que la reforma no afecta a las plataformas pues lo único que hacen es cobrar comisiones a los trabajadores por prestarles una plataforma (comisiones altísimas, por cierto, entre el 30 y el 40% del viaje).
En síntesis, que no se pasen de listos porque la Profeco andará vigilando que no se aplique el aumento, aunque la sanción tendría que pagarla el chofer, ni modo que los dueños de Uber.
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En el tema de la igualdad, Iberdrola México, que ha hecho del tema una parte importante de sus responsabilidades institucionales, va marcando el paso.
La empresa recién concluyó una nueva edición de la Semana de la Igualdad con una agenda muy concreta: nuevas metas a 2027, después de haber cumplido en su totalidad las de 2025.
Entre los compromisos anunciados hay certificaciones internacionales como la ISO 30415 y la creación de comunidades internas enfocadas en diversidad familiar y étnico-racial.
Apostar por la inclusión es una decisión de negocio y social, que va mucho más allá de la imagen.
@adriantrejo
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