Nueva York.- Miles de familias en Estados Unidos han quedado desintegradas en los últimos años por las cada vez más frecuentes deportaciones por delitos relacionados con drogas, pero que a menudo no merecen penas de prisión, alertó Human Rights Watch.
En un informe presentado este martes, el organismo humanitario indicó que leyes y políticas de una severidad fuera de proporción provocan que se deporte tanto a residentes legales como a migrantes indocumentados por igual, lo que impone un gran costo a la sociedad.
El informe “Un precio demasiado elevado: familias estadunidenses deshechas debido a deportaciones por drogas” documenta que muchos de los delitos que se usan para abrir un proceso de remoción de Estados Unidos fueron cometidos hace décadas o son faltas menores.
El documento, de 193 páginas, señala que estas deportaciones, además, han ido al alza en los últimos años. Las repatriaciones generadas tras condenas por posesión de drogas aumentaron 43 por ciento entre 2007 y 2012, según datos del gobierno federal.
“Aún cuando numerosos estados de Estados Unidos están legalizando y despenalizando algunas drogas o rebajan las penas para delitos relacionados, la política inmigratoria federal con frecuencia impone el exilio para esas mismas infracciones”, según Grace Meng, autora del informe.
Meng consideró que el castigo que se aplica a los inmigrantes por delitos relacionados con drogas no es acorde a la gravedad de la falta, y que a menudo los procesos de deportación inician por “infracciones de gravedad relativamente baja”.
Además del aumento en los procesos de deportación a partir del delito de posesión de drogas, se incrementaron también en 23 por ciento las repatriaciones luego de condenas por comercialización, contrabando, fabricación o tráfico de sustancias.
Con respecto a más de 34 mil ciudadanos extranjeros deportados, la condena más grave fue por posesión de mariguana, precisó Human Rights Watch (HRW).
Muchos de los entrevistados se exponían a la posibilidad de deportación automática, debido a que la legislación migratoria concibe el narcotráfico como un delito gravísimo, aunque este crimen sea la venta de crack por un valor equivalente a cinco dólares.
Asimismo, pese a que algunos residentes legales con condenas por tenencia simple reúnen las condiciones para solicitar el perdón y que se “cancele” su deportación, deben pasar meses en detención mientras defienden su caso, lo que impone graves consecuencias para ellos y sus familias.
El informe puntualizó que incluso delitos cometidos décadas antes pueden dar lugar a la detención y la deportación obligatorias.
Meng indicó que aunque el gobierno del presidente Barack Obama ha reconocido fallas en el sistema de justicia que afectan de manera desproporcionada a minorías de bajos recursos, al calificar a todos los inmigrantes condenados como delincuentes peligrosos se perpetúan estas debilidades.
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