» Cleta Mitchell, la ex asesora de Trump que busca endurecer las leyes electorales de EE.UU.

Cleta Mitchell, una abogada que asesoró al ex presidente Donald Trump en su campaña para anular los resultados de las elecciones de 2020, ahora desempeña un papel central en los esfuerzos del Partido Republicano para endurecer las leyes electorales  en Estados Unidos.

La abogada republicana desde hace mucho tiempo y defensora de las causas conservadoras, estuvo entre los asesores de Trump que participaron en una llamada telefónica con funcionarios electorales de Georgia, a quienes les pidió que “encontraran” suficientes votos para declararlo ganador.

Ahora, Mitchell tomó el timón de dos esfuerzos separados para presionar por leyes electorales más estrictas a nivel estatal y para luchar contra los esfuerzos demócratas para expandir el acceso a la boleta a nivel federal. También está asesorando a los legisladores estatales en la elaboración de las propuestas de restricción de voto. Y, además, está en contacto regular con Trump.

“La gente está realmente interesada en participar y tenemos que aprovechar toda esta energía”, dijo Mitchell en una entrevista. “Hay muchos grupos que tienen proyectos sobre integridad electoral que nunca antes lo habían hecho”.

La abogada estrecha los lazos entre el ex presidente, quien ha insistido falsamente en que perdió las elecciones debido a un fraude, y la reforma de la votación estatal, liderada por el Partido Republicano, que ha ayudado a convertir un principio fundamental de la democracia en un campo de batalla partidista.

Las falsas afirmaciones de fraude de Trump han alimentado una ola de nuevas restricciones al voto. Este año, legisladores en su mayoría republicanos propusieron más de 250 restricciones de votación propuestas, según el Centro Brennan para la Justicia.

El 25 de marzo, el gobernador de Georgia promulgó una ley que requiere que los votantes presenten una identificación para votar por correo, otorga a la legislatura estatal nuevos poderes sobre las juntas electorales locales. Biden lo condenó ayer como “Jim Crow en el siglo XXI”.

En respuesta, los demócratas intensificaron el impulso para un proyecto de ley de reforma electoral federal masiva. Esa propuesta, conocida como HR 1, neutralizaría efectivamente las leyes de identificación de votantes a nivel estatal, permitiría que cualquiera votara por correo si quisiera y registraría automáticamente a los ciudadanos para votar. Los republicanos ven eso como una usurpación del control estatal sobre las elecciones y dicen que está diseñado para darles una ventaja a los demócratas.

“La izquierda está tratando de desmantelar 100 años de avances en la administración electoral”, dijo Mitchell, expresando desconcierto por las acusaciones de los demócratas de que los republicanos están tratando de suprimir los votos. “Estamos viendo dos películas diferentes en este momento”.

La participación más pública de Mitchell en las guerras de la votación se produjo en la llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, el 2 de enero. Durante esa llamada, Mitchell insistió en que tenía pruebas de fraude electoral, pero los funcionarios de la oficina le dijeron que su los datos eran incorrectos.

La llamada es parte de una investigación de la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton sobre si Trump u otros intentaron influir indebidamente en los funcionarios electorales. Mitchell no quiso hablar de la llamada ni de la investigación.

La participación de Mitchell causó indignación en la comunidad legal y la llevó a dejar su trabajo en el bufete de abogados Foley & Lardner. Pero Mitchell dice que ha sido una bendición.

“Una de las grandes ventajas de renunciar a mi bufete de abogados es que puedo dedicar todo mi tiempo a algo que amo”, dijo.

Mitchell tiene dos roles en una operación de votación conservadora emergente: está ejecutando una iniciativa de 10 millones de dólares en el grupo gubernamental limitado “FreedomWorks” para presionar por nuevas restricciones en la votación y ayudar a capacitar a los conservadores para que se involucren en los aspectos prácticos de las elecciones locales. También es investigadora jurídica senior en el Conservative Partnership Institute, una organización dirigida por el ex senador Jim DeMint. Dijo que usará ese papel para “coordinar” las posiciones de votación conservadoras, particularmente en oposición a la HR 1.

Además, la republicana dijo que ha estado hablando regularmente con legisladores sobre la necesidad de nuevas leyes electorales. No quiso identificar con quién habló, pero dijo que ha sido una pasión desde hace mucho tiempo.

“He trabajado con las legislaturas durante varios años para que presten atención a lo que yo llamo el proceso político”, dijo Mitchell. “Me encantan las legislaturas y trabajar con legisladores”.

De manera similar, no detalló sus conversaciones con Trump ni dijo si se trataba de las nuevas peleas de votación. “Estoy en contacto con el presidente con bastante frecuencia”, dijo sobre Trump.

Las auditorías repetidas no han mostrado problemas significativos con las elecciones de 2020. Trump y sus seguidores perdieron más de 50 casos judiciales que desafiaron sus resultados.

La abogada todavía cree que los tribunales utilizaron engaños legales para evadir las acusaciones de fraude electoral de Trump.

Esa evidencia hizo que algunos grupos conservadores tuvieran cuidado de no hacerse eco de las infundadas afirmaciones de Trump de fraude electoral, incluso cuando abogan por restricciones más estrictas sobre a quién votan los estadunidenses.

El papel de Mitchell podría complicar ese esfuerzo por mantener la distancia.

“Me preocupan las elecciones, pero no creo que las elecciones hayan sido robadas”, dijo Noah Wall, vicepresidente ejecutivo de FreedomWorks. Sin embargo, Wall dijo que no veía ningún conflicto en trabajar con Mitchell. “Cuando hablamos de en qué nos centraremos, no veo ninguna luz entre sus problemas y los nuestros”, dijo Wall.​

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