La Corte Suprema de Estados Unidos despejó este lunes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump reanude la deportación de migrantes a países que no son los de origen, sin ofrecerles la oportunidad de mostrar los perjuicios que podrían enfrentar, en otra victoria para su agresiva búsqueda de deportaciones masivas.
Administración Trump celebra decisión de la Corte
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que tras la decisión del Supremo, el gobierno Trump “ahora puede ejercer su autoridad legal” y expulsar a los migrantes indocumentados a un país dispuesto a aceptarlos.
“¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!”, puntualizó la funcionaria, tras aplaudir la votación de 6 a 3, en la que solo las tres jueces progresistas se mostraron en contra de permitir las deportaciones a terceros países.
Los jueces levantaron un mandato que obligaba al gobierno a dar a los migrantes que iban a ser deportados a los llamados “terceros países” una “oportunidad significativa” de decir a las autoridades que corrían el riesgo de ser torturados en su nuevo destino, mientras se resolvía un recurso legal.
El juez de distrito Brian Murphy, de Boston, había tomado la decisión el 18 de abril. La orden de la Corte Suprema no estaba firmada ni motivada, como es habitual cuando el tribunal decide sobre solicitudes de urgencia.
En un duro disenso, la jueza Sonia Sotomayor, a la que se unieron los otros dos jueces liberales del tribunal, criticó la decisión de la mayoría, calificándola de “abuso flagrante” de la discrecionalidad del tribunal.
“Aparentemente, el tribunal considera que la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares remotos es más aceptable que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades correctivas al ordenar al gobierno que proporcione la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió Sotomayor.
“Ese uso de la discrecionalidad es tan incomprensible como inexcusable”, agregó.
Después de que el Departamento de Seguridad Nacional tomó medidas en febrero para intensificar las deportaciones rápidas a terceros países, grupos de defensa de los derechos de los migrantes presentaron una demanda colectiva en nombre de un grupo de migrantes que pretendían impedir su expulsión sin previo aviso y sin la oportunidad de hacer valer sus argumentos.
Murphy dictaminó en mayo que el gobierno había incumplido su orden de establecer nuevos procedimientos al intentar enviar a un grupo de migrantes a Sudán del Sur, un país políticamente inestable “debido a la delincuencia, los secuestros y los conflictos armados”.
En una breve orden no firmada, el Supremo suspendió la orden Murphy, la cual había determinado que la administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a ocho migrantes a un país donde pueden ser torturados sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.
Señalan malas condiciones y riesgos en Sudán del Sur
Debido al fallo del juez Murphy, los ocho inmigrantes y once agentes migratorios permanecen en una base aérea de Yibuti, donde, según los abogados del gobierno, corrían peligro por estar expuestos a un posible ataque de Yemen, además de riesgos a su salud por condiciones “deplorables”.
En su alegato frente al Supremo, el gobierno de Trump sostuvo que los migrantes enviados a terceros países cometieron crímenes “monstruosos” y que sus propios países no habían querido recibirlos.
De los ocho deportados, solo uno es de Sudán del Sur y el resto son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
La legislación estadounidense estipula que el gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o estar en riesgo.
El Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado, recomienda a los estadunidenses no viajar allí y a inicios de mayo retiró del país a su personal no esencial.
El caso de Sudán del Sur es el más reciente choque entre el gobierno republicano y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo “deportaciones masivas”.
Para acelerar las deportaciones, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país.
El gobierno de Trump ordenó mandar a más de 200 personas a una mega cárcel en El Salvador, donde la mayoría aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.
Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, llegaron a un acuerdo para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.
(milenio.com)
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