Tras permanecer secuestrados, 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa fueron encontrados muertos este domingo, presuntamente ejecutados por sicarios en un socavón del yacimiento ubicado en el norte de Perú, según informaron medios locales citando a fuentes del Ejecutivo y a familiares de las víctimas.
Los cuerpos fueron encontrados con disparos en la cabeza y el cuello tras ser maniatados; la policía los recuperó, según imágenes compartidas por el portal Epicentro TV y el programa dominical Panorama en sus cuentas de la red social X.
Trabajadores permanecían secuestrados
La compañía minera Poderosa, que explota el yacimiento de oro peruano atacado por delincuentes, confirmó el asesinato de trabajadores. En un comunicado, lamentó el fallecimiento de las 13 personas que fueron “cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal”.
Los familiares de las víctimas, que denunciaron su desaparición hace una semana en la provincia de Pataz, declarada en emergencia por la violencia de la minería ilegal, también confirmaron al canal América Televisión que los trabajadores que brindaban servicios de seguridad en la mina Poderosa fueron hallados muertos.
“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida”, añadió.
Crimen organizado en actividad minera
La minera se quejó de que, en total, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, “convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente”.
La empresa hizo un llamado urgente al gobierno a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que operan en Pataz.
Sin embargo, advirtió que no será posible derrotar la delincuencia si la Policía sigue sin ingresar a interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales. También denunció que la ubicación de esos puntos está plenamente identificada y georreferenciada.
Por otro lado, indicó que le corresponde “mayor responsabilidad” a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, porque “sigue sin atender los pedidos de exclusión” presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción.
En el mismo sentido, señaló al Congreso por las reiteradas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que han servido de “manto protector” para que los mineros informales o ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser “un fracaso total”.
“Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes que sea demasiado tarde”, expresó en el comunicado compartido en redes sociales.
En la misma provincia de Pataz, una emboscada de presuntos mineros ilegales contra los trabajadores del campamento minero Aracoto, el sábado, dejó ocho heridos, entre ellos dos policías, que fueron evacuados en helicóptero.
La Policía Nacional de Perú reportó que los trabajadores y los agentes fueron emboscados en sus vehículos cuando ingresaban a la planta procesadora de la minera Caravelí, ubicada en el Centro Poblado de Jucusbamba, en el distrito de Tayabamba.
Enviarán a un grupo élite para localizar a los asesinos
La policía peruana enviará a un equipo élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado a la zona en la que fueron secuestrados y asesinados 13 mineros para capturar a los responsables del crimen, informó el Ministerio del Interior en un breve comunicado.
El ministerio agregó que también acudirán a la provincia de Pataz, en la región norteña de La Libertad, divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones, y de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional.
Asimismo, detalló que la policía está trabajando estrechamente con las Fuerzas Armadas, puesto que la provincia de Pataz está declarada en emergencia hace más de un año para combatir la criminalidad de las bandas vinculadas a la minería ilegal.
La información contrasta con la opinión del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien esta semana puso en duda el secuestro de los 13 trabajadores en el yacimiento de Poderosa, tal como informaron sus familiares y la misma minera confirmó el último viernes.
En el pronunciamiento de hoy, el Ministerio del Interior expresó su “más profundo pesar por estas irreparables pérdidas” y reafirmó su firme decisión de erradicar a “esta lacra criminal”.
“Nuestros agentes de élite están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan”, indicó el ministerio peruano.
(milenio.com)
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