Ciudad del Vaticano.- Autoridades de la Santa Sede y de Italia firmaron hoy un acuerdo en materia fiscal de “plena colaboración” y “transparencia”, incluso de actividades financieras operadas por entes que tienen cuentas en el “banco vaticano”.
El convenio fue suscrito la mañana de este miércoles en la sede de la Secretaría de Estado, dentro del Palacio Apostólico, por Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Sede Apostólica y Pier Carlo Padoan, ministro de Economía y Finanzas de Italia.
“El objetivo del acuerdo es la plena transparencia y absoluta colaboración”, dijo a la prensa el vicedirector de la oficina de información vaticana, Ciro Benedettini.
Italia es el primer país con el cual la Santa Sede suscribe un acuerdo que disciplina el intercambio de información y cuyo resultado será acabar con las premisas administrativas que convertían en un “paraíso fiscal” al territorio pontificio.
Gracias a la convención firmada, ambos Estados asumirán el modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el intercambio de datos en materia fiscal. Esa transferencia informativa podrá incluir los ejercicios a partir del 1 de enero de 2009.
Una de las principales novedades es que gracias al acuerdo y a partir de su entrada en vigor, muchos organismos con cuentas en el banco vaticano, IOR (Instituto para las Obras de la Religión) podrán regularizar, con un sistema simplificado, su pago de impuestos debidos en Italia.
Esto aplicará a los entes cuyas sedes tienen residencia en territorio italiano pero que sus operaciones las llevaban a cabo a través de cuentas del IOR.
Benedettini aclaró que esta última medida no será retroactiva y se aplicará sólo a partir del periodo fiscal 2014.
Asimismo, la convención toma en cuenta lo previsto en el Tratado de Letrán de 1929 con el cual ambas partes se reconocieron formalmente y que considera la exención de impuestos para todos los bienes inmuebles del Vaticano.
El acuerdo de este día es un paso más de una serie de reformas implementadas desde 2010 por El Vaticano para adecuarse a los estándares internacionales en materia de transparencia financiera y dejar atrás los tiempos en los cuales la opacidad provocó diversos escándalos públicos.
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