» Rechaza juez impugnación de Infanta Cristina contra juicio oral

Madrid.- El juez Tercero de Instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, rechazó admitir a trámite la impugnación de la Infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, contra la apertura del juicio oral por el caso que implica a su esposo Iñaki Urdangarin.

De acuerdo con medios locales, la intención de la defensa de la Infanta es evitar ser llevada a juicio, como lo ordenó Castro en diciembre pasado, por ser considerada cooperante en dos delitos fiscales que favorecieron operaciones de las empresas de su esposo.

Con esta decisión de no admitir a trámite el recurso, ahora la defensa de la Infanta solo puede pedir una queja a la Audiencia Provincial de las Islas Baleares (en el Mediterráneo español) que anule la decisión de Castro de llevarla a juicio.

En diciembre pasado, el juez Castro determinó que la Infanta debía ser enjuiciada por su colaboración en las operaciones del llamado “caso Nóos”, en concreto con la defraudación fiscal a través de la empresa Aizoon en la que ella era copropietaria.

El pasado 2 de enero la defensa de la Infanta impugnó, pese a que en la misma resolución del pasado 22 de diciembre el juez Castro había advertido que no cabía impugnación, por lo que decidió no admitirla a trámite.

La defensa de la Infanta busca con estas impugnaciones que se le aplique la denominada “doctrina Botín”, que precisa que en caso de haber delitos que solo acusa un particular (el sindicato de ultra derecha Manos limpias) y no el Ministerio Público ni el afectado, la Agencia Tributaria, se evite llegar al juicio.

Castro incluyó a la infanta entre los 17 acusados a los que se someterá a juicio oral en el “caso Nóos”, en el que Urdangarin y ex su socio Diego Torres están acusados de apropiarse de recursos públicos de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares y Comunidad Valencia, al este del país.

El esposo de la Infanta Cristina encabezaba el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las que realizaban con ambos gobiernos y a través de la cual se transferían fondos públicos.

Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal.