» Chiapas activa “Línea Anticorrupción” en agencias ministeriales

Tuxtla Gutiérrez.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) puso en marcha en diversas Agencias del Ministerio Público la “Línea Anticorrupción”, mediante la cual se podrá denunciar dilación en el servicio, extorsiones o malos tratos.

Al inaugurar este nuevo mecanismo de denuncia, el titular de la PGJE, Raciel López Salazar, destacó que se deben impulsar mejores prácticas que prevengan y combatan la corrupción en cualquiera de sus formas, de acuerdo a un comunicado de la dependencia.

López Salazar indicó que no sólo se debe trabajar en mejores herramientas tecnológicas o nuevos espacios físicos, también es prioridad concientizar y sensibilizar a los servidores públicos para ofrecer un trato digno y humano a los usuarios.

“Si eres víctima de algún delito lo único que esperas es que se haga justicia, esa es nuestra tarea, investigar y proceder en contra del probable responsable, ofreciendo a la ciudadanía un servicio con respeto y resultados”, subrayó el procurador chiapaneco.

La “Línea Anticorrupción” es un innovador modelo que lleva a cabo la dependencia, a través de la colocación de cabinas telefónicas en las Agencias del Ministerio Público.

En una primera etapa, estas cabinas se colocaron en la Unidad Central de Investigación y Justicia Restaurativa (Juicios Orales) en Tuxtla Gutiérrez; así como en la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres.

De igual forma en el Centro de Atención de Justicia al Sector Empresarial, en San Cristóbal de Las Casas, en Chiapa de Corzo, Tapachula, Tonalá y Comitán.

Al descolgar el teléfono, el ciudadano tendrá comunicación con el Centro Especializado de Denuncia Anónima Fuerza Ciudadana, que recibirá su queja, según el comunicado de prensa.

Asimismo, se podrán denunciar casos de dilación en el servicio, malos tratos, ausencia del servidor público, exigencia de dinero a cambio del servicio que se ofrece o extorsión.

También se podrán denunciar todos aquellos actos de corrupción atribuibles a las autoridades ministeriales, policiales, periciales o de cualquier servidor público que no brinde la oportuna y correcta atención al ciudadano.