Río de Janeiro.- A cinco meses de su segundo mandato, la presidenta Dilma Rousseff y su gabinete ultiman un plan para convencer al Congreso de que respalde un recorte presupuestario por más de 20 mil millones de dólares, ante la actual desaceleración.
El ministro de Hacienda, Joaquim Levy, dijo la víspera que el recorte debería ser de entre 70 mil y 80 mil millones de reales (entre 23 mil y 26 mil millones de dólares), y que probablemente habrá que aumentar los impuestos para equilibrar las cuentas.
La medida buscaría reducir el gasto público, en momentos en que hubo una caída de la recaudación por la desaceleración económica, que este año podría provocar una contracción de la mayor economía de América Latina de por lo menos el 1.0 por ciento.
Brasil tiene uno de los mayores déficits nominales -que incluye el pago de los intereses de la deuda- del mundo, en torno al 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima de la media de los países emergentes (1.9 por ciento), según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un escenario de débiles apoyos políticos, Rousseff podría enfrentar varias complicaciones para aprobar los recortes, que deben ser anunciados esta semana, en especial porque sectores de su propia formación –el Partido de los Trabajadores- rechazan cualquier impacto en los programas sociales.
Entre las iniciativas sociales que se verían afectadas estarían, según el diario Estado de Sao Paulo, el programa “Mi Casa, Mi Vida”, lanzado por la propia presidenta en su primer mandato para dar acceso a las clases medias-bajas a la posibilidad de comprar casa.
El programa “Mi Casa, Mi Vida” –que debería beneficiar a 27 millones de brasileños para 2018- prevé acceso a casas de interés social, así como subsidios y financiación para familias con unos ingresos mensuales brutos de hasta cinco mil reales (mil 750 dólares) al mes.
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