» Manda AMLO iniciativa para acabar con especulación de productores privados de Energía Eléctrica

Esta nota fue creada el lunes, 1 febrero, 2021 a las 13:25 hrs

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa con carácter “preferente” para reformar la Ley de la Industria Eléctrica enfocada a terminar con la especulación de los productores independientes y, con ello, fortalecer a las Centrales Eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el documento presentado este día durante la instalación del Congreso General en su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer año de la LXIV Legislatura, el Ejecutivo afirma que encontró una CFE “fracturada, casi en ruinas, obligada a otorgar toda clase de subsidios a supuestos competidores, por tanto, con capacidad productiva disminuida y sometida a una regulación que privilegia a los particulares”.

En ese sentido, la propuesta plantea fortalecer a la empresa productiva del Estado (CFE) para beneficio del interés nacional, garantizar la seguridad energética y, como consecuencia, a no incrementar las tarifas de electricidad, excepto que éstas podrán ser actualizados en razón de la inflación.

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Para logra este objetivo, el Presidente propone modificar el orden de prioridad de despacho “mediante la operación de Centrales Eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE y con el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la red”.

“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado”, señala la exposición de motivos.

“La modificación del actual Despacho Económico a Despacho por Entrega Física de las Centrales Eléctricas en el Contrato Legado de la CFE, permitirá superar la relegación intencionada de las centrales de la CFE, asegurando su despacho prioritario ante otros participantes de la industria eléctrica y logrando así la rentabilidad a que obliga la legislación vigente para los proyectos de la CFE y la Nación, impedidos por el despacho meritorio del Mercado Eléctrico Mayorista con costos variables que favorecen la especulación de los productores privados”.

El documento afirma que “la mayor participación de las centrales eléctricas de CFE asegurarán la confiabilidad del Sistema Eléctrico y la Seguridad energética nacional, al incrementar la capacidad de reserva rodante”.

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Según la propuesta de reforma, el esquema de Contratos de Entrega Física de Energía y Capacidad combinados con Contratos de Transacciones Bilaterales Financieras (Vested Contracts o Legado)”, es una práctica que ya se lleva a cabo a nivel internacional, específicamente en países como Irlanda, China y Singapur.

La reforma a la Ley de la Industria Ecléctica contempla:

·       La obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria eléctrica se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaria de Energía.

·       El otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas.

·       Eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos

·       Obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como las modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley

·       Revisar la legalidad y rentabilidad para el Gobierno Federal de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y los legisladores cuentan con un periodo de 30 días para su dictaminación y votación y, de ser aprobada, se turnará al Senado de la República que también contará con un periodo de 30 días para su desahogo.





           



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