En lo que fue su último informe de labores como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández destacó que, pese a las condiciones adversas, el asedio, calumnias y desinformación, el máximo tribunal de justicia no respondió con estridencias.
En una sesión solemne marcada por las ausencias, porque no acudieron los plenos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ni los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, aseguró que, en su gestión de dos años y ocho meses, la Corte sostuvo con firmeza los pilares de la Constitución.
“No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias, no apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias con justicia, respeto y objetividad”.
Durante más de una hora, enfatizó que la Judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, desinformación y a la agresión.
Piña Hernández puntualizó que, en cada asunto, grande o pequeño, honraron el juramento de impartir justicia.
“Hoy tan solo concluye una etapa, no la misión, la ley fundamental permanece, lo derechos reconocidos por ella permanecen, pero aún existen enormes deudas con su pleno ejercicio, el rumbo del país no puede depender del aplauso ni del agravio, sino como lo he sostenido, de trabajar hombro con hombro para hacer realidad los bienes del proyecto nacional contenidos en nuestra Constitución”
La ministra destacó que en su gestión se privilegió la administración de los recursos y la transparencia.
Defiende uso de recursos y carrera judicial
Ante las críticas, Piña Hernández afirmó que el organismo ejerció recursos públicos con estricto cumplimiento de la ley.
“Se mantuvo una política de gastos basada en disciplina presupuestaria, transparencia, eficiencia y austeridad, lo que permitió que cada año se alcanzara un ahorro presupuestal, es decir, se cumplieron los objetivos perseguidos con un gasto menor al presupuesto… Los recursos públicos que se asignaron a la Corte se ejercieron en estricto cumplimiento a la ley”.
Además, señaló que el grupo de trabajo que se creó para la transferencia de recursos a los nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación se realizó con el fin de asegurar una transferencia ordenada de recursos materiales, humanos, presupuestales y financieros, establecido por la reforma judicial de 2024 una vez que sea determinado a partir del primero de septiembre de 2025.
“El Tribunal Pleno y la Comisión de Transición fueron debidamente informados en cinco momentos de los avances del plan de trabajo, lo que permitió estar en condiciones de contar con información certera, precisa y útil, concluyendo el último de los reportes durante este mes de agosto de 2025”.
Piña Hernández también dijo que en este periodo se trabajó por primera vez en atender un rezago acumulado desde que se tiene registro en la SCJN el planteamiento de inventarios bajo metodologías.
“Se avanzó en el levantamiento de un inventario físico de bienes muebles de equipos de administración que se encuentran en sistemas administrativos. Y actualmente están conciliados por la cifra de la contabilidad institucional lo cual además facilitará y dará certeza y precisión sobre estos bienes en el proceso de transferencia de recursos previsto en la reforma de 2024”.
“De estas políticas demuestran el compromiso total de esta administración con el actuar eficiente sustentado de un personal capacitado comprometido con los objetivos institucionales así como con apoyo en las tecnologías más avanzadas”.
Nueva era judicial
La despedida
El Pleno de la Corte termina sus funciones este 31 de agosto para dar paso a los nuevos nueve ministros electos por voto popular en la elección judicial. El contexto de su despedida está marcado por la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, que ordenó la salida anticipada de los ministros y su reemplazo por jueces electos por voto popular a partir del 1 de septiembre.
Ausencias
A la sesión no acudieron las ministras afines a la 4T, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama. Ni el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formó parte del bloque opositor.
En contraste, asistieron ministros en retiro como los ex presidentes de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar Morales. También la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos y el ministro en retiro Eduardo Medina Mora.
Entre el público estaban los consejeros de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez y Liliana Mónica Benítez, incondicionales de la ministra presidenta a la que acompañaron en sus propuestas al frente del órgano de vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales que este viernes desaparecerá para dar paso al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración Judicial.
De igual manera, acudió Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), organización que se opuso a la reforma judicial.
Alusiones
Antes del informe de Piña Hernández, los presidentes de la Primera y Segunda Sala, Loretta Ortiz Ahfl y Javier Laynez Potisek, respectivamente, rindieron sus respectivos informes, en lo que no solo ofrecieron números sino que hicieron alusiones a la presidenta de la Corte y a la ministra Lenia Batres Guadarrama.
En primer lugar, Ortiz Ahfl parafraseó lo dicho hace unos días por la ministra Norma Piña, quien dijo que la historia los juzgará por sus sentencias.
Al respecto, Loretta Ortiz expresó:
“No esperemos a que la historia nos juzgue. La historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora y su verdadero éxito no estará en los libros del mañana, sino en la vida de quienes hoy encuentran en esta Corte la certeza de que su voz, al fin, es escuchada”.
Por su parte, Laynez Potisek presumió los números que deja en la Sala, en la que tuvieron 767 asuntos y que solo dejan 47 pendientes de resolución. Pero señaló a Lenia Batres.
“Eso significa que estamos regresando a la secretaría general de acuerdos de la Suprema Corte únicamente 47 asuntos pendientes, cinco del ministro Alberto Pérez Dayán, cuatro los asuntos míos, dos asuntos de la ministra Yasmín Esquivel y 36 asuntos de la ministra Lenia Batres”.
Con este acto, terminó una era de 30 años que inició en 1995 con la reforma judicial impulsada por el presidente Ernesto Zedillo.
Ahora, se dará paso a la primera gestión de jueces, magistrados y ministros electos por voto popular, quienes entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre, tras una cuestionada reforma judicial.
Informe de gestión 2023-2025 | EN VIVO
¿Quién es Norma Piña? | Perfil
Norma Lucía Piña Hernández ha sido una figura clave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconocida por su postura liberal, su firme defensa de los derechos humanos y su compromiso con el carácter laico del Estado mexicano. Como ministra, ha marcado distancia frente a iniciativas impulsadas por el gobierno federal, posicionándose como una voz crítica y autónoma dentro del máximo tribunal.
Desde su nombramiento, Piña ha sostenido una línea jurisprudencial centrada en la protección de las garantías individuales, especialmente en temas de género, libertad de expresión y derechos reproductivos. En septiembre de 2021, formó parte de la mayoría que declaró inconstitucional la prohibición absoluta del aborto, argumentando que obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado vulnera sus derechos fundamentales.
En ese mismo fallo, subrayó la importancia de reconocer la diversidad de creencias en un Estado laico y garantizar condiciones dignas para la interrupción legal del embarazo en su etapa inicial.
Su independencia judicial también se reflejó en su voto a favor de declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), aunque la norma se mantuvo vigente por no alcanzar la mayoría calificada. Esta decisión evidenció su preocupación por el respeto a los principios constitucionales frente a reformas estructurales del Ejecutivo.
Como integrante de la Primera Sala, Piña presentó un proyecto pionero que permitió a empresas explotar legalmente la fibra de cannabis (cáñamo) con fines industriales. El fallo, que otorgó el primer amparo en esta materia, declaró inconstitucional la prohibición de sembrar, cultivar y cosechar cannabis industrial, abriendo un precedente en el ámbito económico y regulatorio.
Su compromiso con la equidad de género también se manifestó en casos mediáticos. En el amparo promovido por el periodista Juan José Origel, Piña condenó expresiones que calificó como “discriminatorias” y “denigrantes” hacia su ex compañera Flor Rubio, al considerar que perpetúan estereotipos contrarios a la igualdad entre mujeres y hombres.
Otro de sus proyectos relevantes fue el rechazo al amparo solicitado por Efraín Cázares López, juez que liberó a los implicados en el caso conocido como “Michoacanazo”. La resolución, que generó tensiones entre el Poder Judicial y el gobierno de Felipe Calderón, reafirmó la postura de Piña en favor de la legalidad y la rendición de cuentas.
(milenio.com)
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