En dos sexenios, las propuestas de reformas electorales de los gobiernos morenistas pasaron de tener como objetivo central “suprimir” al INE y “extinguir” a las autoridades electorales de todos los estados, a evitar esos términos polémicos para renombrar todo lo que hace tres años provocó movilizaciones masivas.
Este miércoles arrancan los foros de la próxima reforma electoral que, aunque diversifica los objetivos duplicando los temas a abordar y renombra todo lo que generó rechazo masivo, esto no implica que deje de lado la esencia de lo que los personajes a cargo del diseño pretenden con esta iniciativa.
Restringir y comprimir a las autoridades electorales, pero cargarlas de mayores responsabilidades; quitar el financiamiento público a los partidos y abrir la puerta a otras aportaciones, pero sin más facultades a la autoridad responsable de rastrear el origen del dinero; impulsar el uso de tecnologías pero sin considerar presupuesto para ello; y regular la representación popular pero sin beneficiar a las minorías, eran las propuestas de la primera reforma electoral que el actual gobierno promete no tomar como base, pero que sigue apareciendo en el plan de trabajo que iniciará hoy.
El llamado Plan A del presidente Andrés Manuel López Obrador propuesto en 2022, contemplaba siete puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Judicial del gobierno de Claudia Sheinbaum ha asegurado que no será la base para la propuesta del próximo año. Sin embargo, varios de los rubros que el plan de trabajo plantea son los mismos que la propuesta de hace tres años, aunque desglosada.
Mientras la reforma de 2022 se centraba en siete temas, la Comisión ha establecido 14. Ambas propuestas son encabezadas por Pablo Gómez, quien dijo en MILENIO que este plan es “por lo que toda mi vida he luchado y voy a seguir, hasta donde dé y con quien dé”.
Nuevos términos, misma esencia
El plan de trabajo de este año, ya no destaca el interés de “suprimir” al INE y crear el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) ni “la extinción” de las autoridades electorales locales, tanto los Organismos Públicos Locales Electorales como los 32 Tribunales Electorales en las entidades. El nuevo plan ahora lo llama: análisis de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales.
Otra de las bases de la discusión que es el financiamiento de partidos políticos y su acceso a los tiempos de radio y televisión, ahora se divide en financiamiento y prerrogativas, fiscalización de ingresos y gastos en campañas electorales y preelectorales.
La propuesta original proponía reducir el gasto destinado a los partidos en un 66 por ciento, eliminando el financiamiento público de actividades ordinarias y que se cubra con financiamiento de simpatizantes y militantes; y señalaba que el objetivo era “obligarlos a convertirse en autosostenibles mediante aportaciones legalmente vigiladas”.
Sin embargo, esta propuesta afectaría sólo a los pequeños partidos, pues aunque la iniciativa del sexenio pasado repetía constantemente que el objetivo era acabar con las reglas neoliberales, dejan intacta la fórmula estipulada por el PRI que beneficia al partido en el poder.
“Mantener la fórmula actual de distribución del financiamiento público de los partidos políticos, únicamente destinados a tiempos de campaña”, fórmula que reparte el dinero basándose en la votación de la última elección, es decir, a quienes tengan la mayoría en la Cámara de Diputados.
Pero, además, proponía abrirle la puerta al financiamiento privado sin contemplar herramientas para que el INE pueda rastrear el dinero. A pesar de que en los últimos años, uno de los problemas que ha enfrentado la autoridad electoral para sancionar el financiamiento oculto en campañas electorales, es la falta de disposición de autoridades para ayudarles a complementar las investigaciones en aspectos para los que no tienen facultades.
Autoridades como la Unidad de inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República se han negado a darles información, lo que ha llevado a cerrar casos por no tener más posibilidades para rastrear el dinero oculto, por lo que abrirle la puerta a este financiamiento sin regulación adicional, implicaría un problema adicional.
La idea de reducir los Congresos locales y los ayuntamientos, las senadurías y las diputaciones federales y locales, así como que la ciudadanía renueve al Poder Legislativo votando por listas, ahora se distribuye en cuatro puntos de debate: representación del pueblo, sistema de partidos, efectividad del sufragio y regulación de la competencia político-electoral.
Expertos electorales han alertado que eliminar los plurinominales afectaría a los pequeños partidos, pues la propuesta de Morena es que las listas que cada fuerza política elabora para plurinominales ahora se sometan a votación sin distinción de vía de representación proporcional o mayoría relativa, es decir, que la ciudadanía vote en bloque, lo que reduciría la competitividad pues esto favorecería a un solo partido en todos los escaños por entidad.
El voto electrónico ahora se denomina sistema de votación y cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero. Lo que busca acabar con la restricción del voto electrónico en México que actualmente, tiene la obligatoriedad de que sea personal y presencial.
Nuevas apuestas: menos restricciones a funcionarios y gobiernos
Adicional a esto, el plan de trabajo de la actual administración tiene cinco puntos que no estaban explícitamente en el Plan A, pero que han tomado relevancia en los últimos años para Morena y el gobierno federal, pero también tras el Plan B y Plan C, y las últimas elecciones: las libertades políticas, la libertad de difusión de opiniones, información e ideas; la propaganda de poderes y organismos públicos; los requisitos de elegibilidad y la inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo.
Tras el fracaso del Plan A, el Plan B corrió la misma suerte y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Uno de los puntos más polémicos fue el nuevo concepto de propaganda gubernamental que buscaba flexibilizar la intervención de servidores públicos en los procesos electorales, con lo que pretendían blindar al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador quien rompió récord con decenas de sentencias electorales en su contra por violar la Constitución y generar inequidad en las elecciones por sus intervenciones desde sus conferencias mañaneras.
Los cambios electorales del sexenio pasado señalaban que la suspensión de propaganda gubernamental en tiempos electorales sólo debía aplicar si se comprobaba que ésta se pagó con recursos públicos, es decir, los dichos de cualquier funcionario estarían permitidos bajo el concepto de libertad de expresión.
Morena lanzó varios comunicados defendiendo esta propuesta que incluso el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió no aplicar por su evidente contradicción con la Constitución.
Sin embargo, en contraste, el Plan A y el Plan B también buscaban que cualquier funcionario pueda ser sancionado sin ningún tipo de blindaje, pues actualmente, ni el presidente de la República ni las y los gobernadores pueden ser sancionados por las autoridades electorales, sino que deben pasar por un proceso de sanción ante el Congreso que depende de la mayoría legislativa, lo que ha llevado a que hasta ahora, no se tenga registro de ningún caso en el que los legisladores locales hayan acatado las órdenes del TEPJF de sancionar a algún mandatario, pues coincidentemente son de los mismos partidos las mayorías y el Ejecutivo local.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral prevé desarrollar foros lo que resta del año y en enero próximo tener un primer borrador de propuesta.
(milenio.com)
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