» CEMDA llama a derogar acuerdo sobre obras prioritarias del gobierno

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) llamó al ejecutivo a derogar el acuerdo para que obras y proyectos del gobierno sean considerados de seguridad nacional, ya que pone en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución Política y en tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos, suscritos por México.

“Reiteramos nuestra solicitud respetuosa para que dicho acuerdo sea derogado y para que esta administración federal priorice el respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente el derecho humano a un medio ambiente sano y los derechos relacionados con éste”, menciona Alanís, director del CEMDA

A través de un comunicado, el centro que dirige Gustavo Alanís, resaltó que “la declaración de seguridad nacional, no exime del cumplimiento de principios constitucionales y derechos humanos”. Además, el acuerdo viola los principios de derechos humanos, principio de legalidad y el debido proceso; además, viola el derecho humano a un medio ambiente sano; y el derecho de acceso a la información y acceso a la participación.

“Para el CEMDA, el desarrollo sostenible y el bienestar social únicamente se pueden alcanzar a través del cumplimiento cabal de los derechos humanos y principios constitucionales reconocidos en nuestro marco jurídico. Ignorar tal estado de derecho traerá consigo la generación de mayores conflictos socioambientales y el fracaso de las obras y proyectos que se pretenden facilitar con este Acuerdo”, sostuvo el centro.

Lo anterior, debido a que los considerandos del acuerdo publicado el lunes, establecen “que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el artículo 4o de la Ley de Seguridad Nacional establece que ese concepto “se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación”, lo que significa que, incluso considerando ciertas obras y proyectos de seguridad nacional, éstos tienen que cumplir con los plazos, requisitos, formalidades y mecanismos de participación previamente establecidos en el marco legal.

Además, la organización explicó que las autoridades están obligadas, según lo establece el artículo 1o de la Constitución, a cumplir con el régimen de derechos humanos. “Esto significa que el acuerdo en cuestión tiene que contribuir al cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en México y en ningún caso ser violatorio de éstos”.

Procedimientos afectados

Por otro lado, dijo que el acuerdo carece de motivación y fundamentación adecuada en tanto que no existe facultad constitucional ni jurídica, expresa o implícita, que permita al titular del Poder Ejecutivo Federal generar un estado de excepción al cumplimiento de los derechos humanos y al marco legal constitucional, violando con ello el principio de legalidad. “El único régimen de excepción previsto en el artículo 29 de la Constitución Política no es aplicable al caso en concreto”.

Además, resaltó que el acuerdo también genera una obligación hacia los servidores públicos para “realizar sus funciones de forma ilegal, inconstitucional e inconvencional al tener que otorgar las autorizaciones que les sean solicitadas”.

Otro de los principios jurídicos que el CEMDA identificó es el debido proceso, ya que la aplicación de este acuerdo implica ignorar procedimientos, instrumentos y derechos previamente establecidos en el orden jurídico mexicano, entre ellos:

Reconocimiento del valor intrínseco de la biodiversidad y los ecosistemas.
Derecho a la consulta libre, previa e informada de comunidades y pueblos indígenas.
Derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la consulta y reunión pública.
Cumplimiento de los Programas de Desarrollo Urbano y Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio.
Reglas administrativas de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas.
Especificaciones técnicas de Normas Oficiales Mexicanas.
Requisitos técnicos y jurídicos para la obtención de dictámenes, concesiones, licencias y permisos.
Acuerdos a los que se contrapone la nacionalización de obras

Asimismo, indicó que la aplicación de la afirmativa ficta, en caso de no tener respuesta a los cinco días, es absolutamente contraria a lo establecido en el marco legal

vigente que regula los procedimientos administrativos relacionados con estas obras y proyectos. Explicó que dada la trascendencia de la preservación del medio ambiente y en su caso, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el silencio administrativo se ha aplicado como una negativa a la solicitud de permiso, licencia y autorización que corresponda, de forma que la autoridad pueda tener un mejor estudio respecto al caso en concreto.

El CEMDA también resaltó que el acuerdo es una violación al derecho humano a un medio ambiente sano ya que transgrede los principios de no regresión, prevención, precaución y justicia intrageneracional.

“Al ignorar los procedimientos y obligar al otorgamiento de los permisos, licencias y dictámenes se omite la valoración de los impactos y daños ambientales que puedan generar las obras y proyectos, sin establecer las medidas de reparación y mitigación adecuadas. Esto deja en estado de vulnerabilidad a los ecosistemas, servicios ambientales, así como a las personas y comunidades que dependen de éstos”, agregó.

Los instrumentos de política ambiental, cuya aplicación se soslaya en este acuerdo, contribuyen a garantizar el ejercicio del derecho humano al medio ambiente sano, tal como lo ha determinado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dejar sin aplicación estos instrumentos, a través de un acuerdo, vulnera y menosprecia el andamiaje jurídico que se ha construido a lo largo de más de veinte años para garantizar este derecho.

También, el acuerdo violenta y contraviene el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), recientemente ratificado por el Estado mexicano, puesto que violenta el derecho de las personas a ejercer sus derechos de acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones respecto de los proyectos que puedan impactar las comunidades y ecosistemas donde habitan.

“Al declarar estas obras y proyectos de seguridad nacional, se actualiza una causal para reservar la información relacionada con los mismos, negando el acceso a la misma. Asimismo, el Acuerdo impide que las personas defensoras de los derechos humanos ambientales puedan ejercer su labor de manera segura como se ordena en el artículo 9o. de Escazú, toda vez que se les coloca en una situación de inseguridad jurídica y potencialmente de riesgo”.

Algunos tratados internacionales que contraviene el acuerdo son el Convenio de Diversidad Biológica, Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, Convención sobre los Derechos del Niño.

(milenio.com)