» Consideran que sistema anticorrupción fortalecerá derechos electorales

Esta nota fue creada el sábado, 10 enero, 2015 a las 21:18 hrs

Con el nuevo sistema anticorrupción se consolidarán los cinco puntos planteados por el Ejecutivo federal para 2015, como el fortalecimiento de los derechos humanos y del marco jurídico electoral, aseveró el legislador Arturo Escobar y Vega.

En entrevista, planteó que así como el gobierno federal refrendó su apoyo, en el marco de sus atribuciones, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los órganos locales electorales para garantizar transparencia en los comicios, “todas las fuerzas políticas de cara a la sociedad deben actuar para evitar que se contamine ese proceso”.

El líder de la diputación federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) enfatizó en la necesidad de blindar las elecciones de la participación del crimen organizado y, en particular, de garantizar que los mejores perfiles lleguen a las candidaturas.

Expuso que el compromiso de todos los actores políticos es garantizar una verdadera competencia electoral y privilegiar beneficios directos para el ciudadano y no para intereses de grupo o sectores.

Sobre la situación de seguridad en algunas entidades federativas admitió que se trata de una preocupación y una ocupación de todos los que participan de alguna forma en las elecciones.

“Lo importante es mantener el blindaje, primero que nada, hacia los partidos y no permitir que ningún precandidato o candidato que tenga vínculos directos o indirectos con el crimen organizado pueda ostentar una candidatura.

“En segundo lugar se deben cerrar filas para que el INE realice sus actividades y, de esa forma, los votantes ejerzan sus derechos democráticos y hagan valer su voto sin intimidaciones o amenazas”, externó Escobar y Vega.

Adelantó que su bancada trabaja con todos los grupos legislativos para presentar en el próximo periodo de sesiones el dictamen para crear un Sistema Nacional Anticorrupción.

Subrayó que con ello se busca abatir la impunidad y consolidar un estado de Derecho con el que se proteja la libertad y la privacidad y se garantice el pleno respeto de los derechos humanos de toda la población.





           



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