» Continuará trabajo conjunto por derechos de adultos mayores

Esta nota fue creada el jueves, 16 julio, 2015 a las 15:34 hrs

El Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores celebró que el pasado 15 de junio se aprobara en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de este sector de la población con perspectiva de género.

Dicho Comité está formado por diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y académicas.

La Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es el primer instrumento regional de su tipo en el mundo, que contiene más de 40 artículos específicos para asegurar el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores.

Además de considerar en su redacción el respaldo a la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a las personas de ese rango poblacional.

El Comité, conformado desde 2011, celebró el triunfo logrado con este instrumento; sin embargo, reiteró su compromiso de seguir trabajando conjuntamente en la promoción y vigilancia de esta Convención, que ha sido firmada hasta el momento por cinco países, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.

Asimismo, el pasado 1 de julio, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través de su presidenta, Perla Gómez Gallardo, ingresó Exhorto Ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Adultas Mayores dirigido al senador Miguel Barbosa Huerta, actual presidente del Senado de la República.

El mismo estuvo acompañado de las firmas de organizaciones e instituciones, para exigir al Estado Mexicano reconozca su responsabilidad con la defensa y promoción de los derechos humanos de todos los mexicanos, firmando y ratificando la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Este acto, implicaría la armonización de la legislación nacional con la Convención; garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores, en términos de exigibilidad jurídica, en todo el territorio nacional.





           



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