» Corresponsabilidad, mejor estrategia para recuperar territorios ocupados por el crimen

La corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno e involucrar a la sociedad civil, es una de las mejores estrategias para recuperar los espacios territoriales que ha dañado el crimen organizado, afirmó el experto italiano Antonio Luigi Mazzitelli.

El representante regional de la Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito aseveró en ese sentido que es fundamental la participación directa de quienes viven en el territorio ocupado por la cultura del crimen organizado.

La sociedad civil, los partidos políticos, las iglesias, las asociaciones, deben estar involucradas en los instrumentos normativos que permitan intervenir antes de que el crimen organizado y su cultura hayan ocupado el territorio, resaltó.

En entrevista, Mazzitelli reiteró que se debe involucrar a la sociedad civil y a la población a recuperar esos espacios que son suyos, de los ciudadanos.

A su decir, la intervención federal por la infiltración del crimen organizado en los municipios debe considerarse una política de carácter preventivo.

Recordó que Italia ha sido el único país que ha adoptado una medida de este tipo, exclusivamente preventiva, “porque interviene antes de la acción penal” y esto ha propiciado un aumento de la calidad de las administraciones locales en ese país.

La acción penal siempre es en contra de las personas, no de las instituciones “y porque es dirigida a restablecer las condiciones para que las instituciones locales puedan tomar decisiones”, señaló.

En ese sentido, dijo, poder intervenir antes de que todo esto se materialice en una ocupación, representa una medida preventiva, para las instituciones y para los ciudadanos.

Una intervención preventiva en las alcaldías del país puede representar un instrumento eficiente, eficaz y garantista, que coadyuve a romper el círculo vicioso de complicidad y corrupción que progresivamente acaba con el Estado de derecho a nivel territorial, reiteró el representante regional de Naciones Unidas.

La disolución de las juntas municipales debe ser una medida preventiva y posiblemente de carácter administrativo, no penal; cuyo objetivo es restablecer las condiciones para que las instituciones puedan cumplir sus funciones y así proteger y fortalecer los principios democráticos de representación y de buena administración, enfatizó.