» Debaten en foro sobre alcances y pendientes de reforma electoral

La reciente reforma político-electoral es compleja e inacabada, tiene deficiencias, sin embargo las autoridades administrativas y jurisdiccionales encargadas de su aplicación deben hacerla funcionar, manifestó Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

Al participar en la mesa “Reforma electoral y su implementación en las elecciones 2015”, en el marco del Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral, que se lleva a cabo en la ciudad de Puebla, señaló que tenemos que entender, en estos casos, que la reforma ya está vigente y es preciso hacerla funcionar.

Explicó que el objetivo de la reforma constitucional, que entró en vigor en 2014, fue dar certeza y seguridad jurídica a las elecciones.

Asimismo, prever la equidad y paridad en los procesos electorales, hacer que los comicios sean transparentes, con la rendición de cuentas por parte de quienes intervienen en ellos y, sobre todo, hacer efectivo el respeto al voto ciudadano.

Señaló que la labor de los jueces electorales es generar certeza entre los participantes del proceso electoral, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y en la legitimidad de los comicios.

A las autoridades jurisdiccionales corresponde dar funcionalidad a los cambios legislativos, concretando el enunciado general, abstracto e impersonal de la norma jurídica, a la realidad objetiva y humana, apuntó.

En su exposición, señaló que la naturaleza de la reforma no consiste en dar respuestas, de una vez y para siempre, a todos los casos posibles, sino en enunciar de manera general los supuestos normativos para que el juez los actualice en las sentencias que emite en cada caso concreto.

El magistrado Penagos López expuso que en la medida en que el juez aclare el sentido de la norma a través de sus criterios, “no solamente orienta las directrices para una eficaz implementación de las reformas electorales, sino que genera certeza a los participantes de la contienda electoral”.

Lo anterior les permitirá participar en los procesos comiciales, con un mejor conocimiento de las reglas a las que están sujetos y, a partir de ello, pueden prever los alcances de sus actos.

Consideró que uno de los aspectos relevantes de la nueva legislación, consiste en el fortalecimiento de las autoridades electorales.

Ello, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, por lo cual se redistribuyeron competencias entre la federación y los estados, así como entre las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

Explicó que no hay democracias perfectas, por lo que el marco normativo debe estar en constante transformación con base en las exigencias ciudadanas.

El magistrado de la Sala Superior refrendó el compromiso inquebrantable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de contribuir a la consolidación de la democracia.

En su intervención, María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reiteró que el proceso electoral en marcha y la jornada comicial en puerta son las más complejas de la historia.

Preocupa, dijo, la carga de fiscalización que recae en el Instituto Nacional Electoral (INE), “la reducción en los tiempos de revisión harán que peligre la exhaustividad”, opinó.

En tanto, Ricardo Becerra Laguna, subsecretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, aseguró que la calidad de la democracia, más que depender de las instituciones encargadas de organizar, gestionar y calificar las elecciones, depende de los partidos políticos, candidatos, ciudadanos y de la opinión pública.

Al moderar la mesa, César Astudillo, abogado general de la UNAM, comentó que para que una democracia funcione, debe tener un sistema electoral sólido, instituciones sólidas y partidos políticos responsables.

El Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral se desarrolla del 2 al 5 de marzo en el Centro expositor y de Convenciones Puebla, en él participan consejeros, magistrados, académicos y especialistas en derecho electoral.