» Delimitan obligaciones del Poder Judicial ante sentencias de Corte IDH

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delimitó las obligaciones que tiene el Poder Judicial de la Federación para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Estas obligaciones se refieren a las sentencias dictadas por el organismo internacional en los casos de dos indígenas que fueron violadas por elementos del Ejército Mexicano.

Entre las obligaciones la SCJN definió que los jueces estarán obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, sobre disposiciones en normas inferiores.

Asimismo, precisó que se deberá restringir la interpretación del fuero militar en casos concretos, cuando frente a situaciones en las que se vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia opere la jurisdicción militar.

En este sentido, el alto tribunal indicó que las víctimas civiles tienen derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.

De igual manera, en estos casos la Suprema Corte analizará la posibilidad de ejercer su facultad de atracción, o reasumir su jurisdicción en asuntos importantes que puedan generar nuevas determinaciones en la materia.

También determinó que el Poder Judicial de la Federación deberá implementar diversas medidas administrativas, como la capacitación y actualización permanente de sus funcionarios, sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, garantizar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas de violencia sexual, particularmente, cuando pertenecen a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como son las mujeres indígenas

Asimismo instrumentar un programa para la adecuada defensa y asesoría jurídica de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, así como un programa para la adecuada defensa y asesoría jurídica de atención a los niños en consideración a su condición de vulnerabilidad, con énfasis en la atención de presunta víctima.