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  • » Demanda PRD que agresores de mujeres estén impedidos por ley para acceder a cargos públicos

    Esta nota fue creada el viernes, 7 agosto, 2020 a las 20:26 hrs

    A fin de evitar que los agresores de mujeres lleguen o permanezcan en cargos públicos, la Coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, exhortó a todas y a todos los legisladores federales y locales a procesar en sus próximos periodos ordinarios de sesiones las iniciativas de reforma legal contra quienes tengan antecedentes de violencia por razón de género, como deudores alimentarios o como acosadores sexuales.

    Durante su intervención en el Conversatorio Virtual “3 de 3: No Más Agresores en el Poder”, argumentó que es responsabilidad de todas y todos los legisladores liberar los espacios de violencia para que las mujeres puedan participar en ellos.

    En tal sentido, consideró pertinente incluir no sólo medidas preventivas para erradicar la violencia de la vida pública, sino también sanciones para los violentadores por razón de género, por deber pensión alimenticia o por acoso.

    “Así como ya hemos legislado en lo que tiene que ver con paridad y la tipificación de la violencia política, también son de gran relevancia estas iniciativas, por lo que debemos crear las sinergias necesarias dentro de nuestros grupos parlamentarios para procesarlas con la mayor rapidez posible en esta Legislatura. Por eso es estratégico que, ahora que inicia el periodo ordinario, ésta sea una de las prioridades en nuestra agenda”, puntualizó.

    Justipreció los esfuerzos realizados en esta materia por legislaturas de los estados de México, Oaxaca, Chihuahua y Jalisco, pero insistió en la necesidad de que sean procesadas no sólo por algunos grupos parlamentarios hacia fuera, sino dentro de todos y cada uno de estos grupos para que después sea mínimas las probabilidades de que cualquiera de ellos impugne lo que se apruebe.

    En el mismo sentido, exhortó a todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso de la Unión a hacer lo propio a la mayor brevedad para reformar la Constitución, pues de esa manera se evitarán impugnaciones contra alguna reforma estatal por no estar acorde con la Carta Magna.

    “Por eso es sustancial que podamos legislar nuestra Constitución. Debemos de blindar estas reformas de tal manera que no haya modo, para quienes ejercen el poder por designación o quienes aspiren a ocupar cargos de elección popular, que lo puedan hacer si tienen antecedentes de violencia por razón de género, como deudores alimentarios o como acosadores sexuales”, enfatizó.

    Consideró un avance importante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que ordena al Instituto Nacional Electoral crear un registro nacional de quienes hayan incurrido en violencia política en razón de género, pues contribuye a proteger a las mujeres de forma adecuada y eficaz, así como al respeto por la igualdad de sus derechos políticos electorales.

    Un registro similar -dijo- también se debe iniciar con los nombres de quienes son deudores alimentarios o hayan sido responsables de acoso sexual, con lo cual se disuadirá a las fuerzas políticas a postularlos o nombrarlos en puestos de responsabilidad, y también se disuadirá a quienes sean propensos a ese tipo de ilícitos a postularse para dichos cargos.

    Esto -agregó Juárez Piña- será herramienta fundamental para fortalecer la política de prevención, para que haya reparación transformadora y alternativa de justicia correctiva que busque la transformación democrática de la sociedad, y para que haya un cambio de paradigma en todas las acciones de la vida pública, de manera que éstas se realicen con perspectiva de género.

    “Con perspectiva de género en la vida pública -agregó- se liberará a las mujeres de la obligación de demostrar que han sido víctimas de violencia, pero para ello se requieren también funcionarios y funcionarias públicas comprometidos con la perspectiva de género y sin interpretaciones estereotipadas de la realidad”.

    Reiteró su llamado a todas y todos los legisladores de todas las fuerzas políticas en los congresos para que generan los mecanismos a fin de que las mujeres mexicanas recobren la confianza y puedan acceder a una vida libre de violencia institucional e institucionalizada.

    Este encuentro lo coordinó la diputada Lorena Villavicencio y participaron en él la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas Hernández, y las también diputadas Ana Lilia Herrera y Martha Tagle, así como la activista Indira Sandoval.





               



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