» Diputados buscan hasta 12 años de cárcel por usar ilegalmente uniformes militares y policiales

El grupo parlamentario del Partido Verde (PVEM) en la Cámara de Diputados contempla regular y castigar la venta de uniformes, divisas y equipo distintivo de corporaciones de seguridad pública, militar o de empresas públicas o privadas proveedoras de servicios, para evitar sean utilizados en la comisión de delitos, como el robo a casa habitación.

La propuesta legislativa modifica el Código Penal Federal, aplica cárcel cinco a doce años y multa de 200 a 600 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 21 mil 714 a 65 mil 142 pesos, a quien haga uso de los productos sin tener derecho a ello.

La regulación evita el comercio ilegal de uniformes, insignias, credenciales de identificación, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados por instituciones de las Fuerzas Armadas o seguridad pública, empresas públicas o privadas prestadoras de servicios de cualquier clase.

La diputada ecologista María del Refugio Hernández Guerrero, a nombre del grupo parlamentario expuso “estamos a merced del engaño, cualquiera puede adquirir y hacer uso de estos productos incluso tocar a la puerta de los ciudadanos y delinquir”.

La reforma impacta dos artículos del código, el 250 y 250 Bis 1, para imponer sanciones y establecer que la venta solo se realizará en establecimientos fijos autorizados y a personal previamente identificado como miembro activo. Además, la tienda debe llevar un registro pormenorizado de lo vendido.

La diputada Hernández Guerrero al fundamentar la iniciativa reconoció que va en incremento el robo a casas habitación, por personas que portan uniformes de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, empresas de mensajería y paquetería, de Telmex o de cualquier empresa prestadora de servicios de internet o telecomunicaciones, entre otros

La modalidad para delinquir es muy accesible y en muchos casos inhibe la denuncia, porque las víctimas asumen equivocadamente que las autoridades considerarán como un atenuante o como un criterio para desistir en la investigación del delito, el hecho de que uno mismo abrió la puerta del hogar, otorgando indirectamente el consentimiento para el acceso al domicilio.

(milenio.com)