La Cámara de Diputados declaró la validez constitucional de las reformas en materia de bienestar, para reducir a 65 años la edad para recibir la pensión universal de adultos mayores, y en materia del derecho a la vivienda adecuada para los trabajadores.
La Mesa Directiva en San Lázaro turnó ambos proyectos de decreto al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.
Primero, con el voto aprobatorio de 22 legislaturas locales, el pleno cameral declaró reformados y adicionados los artículos 4 y 27 de la Constitución Política en materia de bienestar.
Avalaron dicha reforma los congresos de:
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Colima
Durango
Hidalgo
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Ciudad de México
¿Qué implica el dictamen?
Las modificaciones al artículo 4 reducen a 65 años la edad para recibir la pensión no contributiva, además de otorgarla a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Asimismo, el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años de edad.
El artículo 27 establece también la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, elevando a rango constitucional el programa Sembrando Vida, así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala.
El Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
A su vez, la reforma al artículo 123 de la Carta Magna establece el derecho a una vivienda adecuada para las personas trabajadoras.
Dicho proyecto fue aprobado por 19 legislaturas locales: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
Señala que el Infonavit establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes con el fin de obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora.
La ley establecerá los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.
La mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.
(milenio.com)
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