La fracción del PRD en la Cámara de Diputados celebró que el gobierno federal haya clausurado el proyecto Dragont Mart, por daño ambiental en Quintana Roo.
En un comunicado, el líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya, detalló que esta contundente acción, “atiende los reclamos del sector empresarial y comercial del país, así como de diversas organizaciones sociales y de mi partido”.
“Desde que se dio a conocer, la fracción perredista en la Cámara de Diputados denunció los riesgos para el país de las prácticas dumping que se preveían en ese proyecto, así como los daños al medio ambiente en la zona donde se estaba instalando”, expuso.
El proyecto Dragont Mart, del cual se habían iniciado las obras, se ubicaría en el predio El Tucán, municipio de Benito Juárez, muy cerca de Cancún Quintana Roo. La infraestructura contemplada era de 722 viviendas, 20 naves comerciales y tres mil locales en 203.83 hectáreas.
De acuerdo con el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, Dragon Mart fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido al daño causado al ecosistema y se le impondrá una multa de 22 millones de pesos.
Alonso Raya recordó que en octubre de 2013, la legisladora perredista Graciela Saldaña Fraire presentó un punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara de Diputados, para exhortar al gobierno federal a atender la petición de industriales nacionales, para un diálogo para evaluar la política comercial.
Asimismo, demandó establecer medidas para evitar las prácticas desleales que traería consigo el proyecto Dragon Mart en Cancún.
Consideró que este proyecto violaba la legislación laboral y de comercio exterior, “así como el ordenamiento local del municipio de Benito Juárez, destinado a la protección de especies endémicas y nativas, así como la Norma Oficial Mexicana 059, Semarnat 2010”.
Refirió que es bueno “que se proceda hacer la investigación y a tomar una determinación en el sentido de lo que planteamos desde hace mucho tiempo”.
Añadió que esta acción responde a la demanda no sólo del sector social y político, sino a la que hicieron las cámaras industriales y comerciales como Concanaco, Coparmex, Concamin y CCE, así como representantes de las industrias del calzado y vestido, y diversas organizaciones ambientalistas.